El exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) detalló que fue en 2012 cuando el dinero entregado por dicha constructora a la campaña presidencial fue para pagar a estrategias de desprestigio no solo contra AMLO, sino también contra Josefina Vázquez Mota, ambos candidatos a la Presidencia.
Emilio Lozoya Austin amplió la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 11 de agosto pasado en la que señala a tres expresidentes, así como a Luis Videgaray de favorecerse de los sobornos de Odebrecht.
Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR informó en un vídeo que Lozoya señaló de manera formal a Peña Nieto y Videgaray de usar 100 millones de pesos (4.4 millones de dólares) del caso Odebrecht para contratar a asesores internacionales en la campaña presidencial de 2012.
El ex director de Pemex aseguró tener cuatro testigos, además de que entregó facturas y un video para probar sus acusaciones.
En la ampliación de la denuncia, Emilio Lozoya Austin dijo que Enrique Peña Nieto y quien fue su secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, usaron los sobornos de Odebrecht en 2012 para golpear a AMLO y Josefina Vázquez Mota.
Dijo que el entonces coordinador Luis Videgaray tomó dinero de los también llamados "moches" para contratar a asesores y analistas políticos en la campaña presidencial de ese año.
"Tengo conocimiento de que básicamente se trataba de productos tales como encuestas electorales, diseños de estrategia de comunicación para golpear y desacreditar a los candidatos de la oposición", señaló Lozoya Austin.
Esa campaña de desprestigio pagada iba dirigida contra AMLO, "aunque tuve conocimiento de que se incluía a Josefina Vázquez Mota”, se señala en la denuncia plasmada en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX-/0000- 865/2020, integrada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la que da cuenta El Universal.
En su denuncia de agosto, Lozoya Austin dijo que ya en el Gobierno federal, Peña Nieto y Videgaray Caso habrían destinado 120 millones de pesos (5.3 millones de dólares) para comprar el voto de cinco senadores y un diputado a favor de la Reforma Energética, que abrió el sector a la inversión privada en 2013.
