Hasta 200.000 pesos (unos 10.000 dólares) es lo que llegan a cobrar padres de la montaña de Guerrero para vender a sus hijas a matrimonio forzados. Es parte de sus llamados “usos y costumbres”. Pero también es una práctica que actualmente representa un retroceso en el tema de las libertades y los derechos de las mujeres en México.
No existen datos de cuántas mujeres pueden ser víctimas de esta práctica porque no se denuncia. Testimonios señalan que los precios de la venta de niñas y mujeres varían dependiendo de la edad de la niña, si es virgen y si tiene hijos.
Aunque algunos medios mexicanos, como el Reforma, han reportado solo hay estimaciones respecto a la cifra de mujeres víctimas de esta práctica, porque no existen cifras exactas. Serían unas 300 mil niñas las que han sido vendidas para matrimonio en ese estado.
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El País también reportó esta situación señalando que actualmente es posible esa práctica porque muchos hombres de la región de la montaña de Guerrero trabajan en Estados Unidos parte del año. Entonces regresan a sus regiones con mucho dinero en mano para comprar a la esposa que deseen. Hay algunos, señala dicho medio, que hasta compran dos o tres.
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“No quiero que me vendas”, recordaba Eloina Feliciano que le pidió a su madre. Pese a sus súplicas, según contó a la Agencia France-Presse (AFP), fue otra de las niñas entregadas en matrimonio bajo un acuerdo ancestral de compra y venta en el mexicano estado Guerrero. “No somos animales (...) Los animales son los que se venden”, sentenciaba esta indígena mixteca de 23 años -vendida a los 14- de la comunidad Juquila Yuvinani, municipio de Metlatónoc, entre los más pobres de México.
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Las dotes que cobran los padres de las novias, que solo aceptan esposos de esta misma región, oscilan entre 2.000 y 18.000 dólares, según habitantes de la zona.
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“Las niñas quedan en absoluta vulnerabilidad. Su nueva familia las esclaviza con tareas domésticas y agrícolas” y a veces “los suegros abusan sexualmente de ellas”, señalaba Abel Barrera, antropólogo y dirigente de la ONG Tlachinollan.
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Por la “creciente precariedad” de estos pueblos, añadía, “la ritualidad ancestral indígena de entrega de las doncellas por dote desde su primera menstruación se ha ido perdiendo y ahora se mercantiliza a las niñas”.
De los casi 2.500 municipios mexicanos, unos 620 son indígenas y 420 de ellos se rigen por usos y costumbres tradicionales reconocidos por la Constitución. En Metlatónoc, por ejemplo, de 19.000 habitantes, un 94,3% carece de servicios básicos en sus viviendas, y 58,7% tiene dificultades para alimentarse, según el instituto nacional de estadística, INEGI.
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Los indígenas representan 10,1% de los 126 millones de mexicanos y casi 70% viven en pobreza, añaden otros estudios oficiales.
Entonces los padres de las niñas ven en ellas un ingreso más, sin tomar en cuenta su voluntad o su integridad. “Las entregan vírgenes y puras, moldeables, sin malas prácticas, cuando todavía obedecen y pueden influir en ellas, orientarlas, enseñarles las tareas del hogar y del campo, la maternidad y la vida conyugal”, contaba a El País Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero.
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“Muchas mujeres dicen ‘yo sí voy a vender a mi hija en 110, 120 mil pesos porque quiero dinero’, pero a mí me da mucha tristeza escuchar esas cosas porque son sus hijas”, contaba a AFP Maurilia Julio, una partera de 61 años, también vendida de niña y que rechazó hacerlo con sus hijas.
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Los padres “cobran porque creen que deben recuperar lo gastado en las mujeres durante su crianza”, explicaba Benito Mendoza, integrante de la organización Yo quiero, Yo puedo, quien impartía talleres de concientización sobre esta problemática, en lenguaje mixteco, hasta que se quedó sin fondos en febrero pasado.
En Guerrero, la práctica, basada en usos y costumbres, se presenta en las localidades de Metlatónoc, uno de los municipios más pobres del país, Cochoapa el Grande, Malinaltepec, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Ayutla, ubicados en la Costa Chica y la Montaña.
La dote también es una tradición ancestral, según la cual las niñas y adolescentes se entregan en matrimonio a cambio de bienes como animales o terrenos, panes, cerveza. Sin embargo, ahora es una simple transacción económica. Los usos y costumbres de estos municipios permiten ponerle precio a la mujer según su juventud y belleza bajo el respaldo del Artículo Segundo Constitucional sobre la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas.
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La familia que quisiera casar a su hijo debía desembolsar cantidades que contrastan drásticamente con la situación de las comunidades que viven en pobreza extrema y cuyos habitantes son indígenas mixtecos. Las autoridades de la comunidad de Juquila, perteneciente al municipio de Metlatónoc, firmaron hace un par de años un acuerdo para prohibir la venta de niñas durante los próximos 200 años. Pero eso no ha impedidos la realización hoy en día de esa práctica.
Virgilio Moreno, líder comunitario en esa zona, de 72 años, dice que apenas 300 personas aceptaron dejar la práctica y reclama atención de autoridades federales.
Y aunque el tema ha llegado a figurar en las habituales conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, este se ha limitado a decir que son costumbres de esas comunidades, que se tienen que respetar.
