Además de la pandemia, de la inseguridad, el desempleo y falta de oportunidades, la sociedad mexicana también sufre el acoso permanente de quien debería darle resultados y rendirle cuentas, pero en su lugar se dedica a ofenderla, calumniarla y menoscabar sus derechos y libertades: el gobierno de Morena.
En México el marco jurídico del derecho a informarse, expresarse y difundir las ideas por cualquier medio se encuentra fundado en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En particular, el artículo 6º constitucional vigente se mantuvo prácticamente sin cambios por noventa años, con las siguientes excepciones: la importante reforma política de 1977 por medio de la cual se añadió el derecho a la información, mismo que fue garantizado por el Estado con la reforma, treinta años más tarde, en la cual se incorporaron los principios y las bases en los que se fincaría la información del gobierno del Estado mexicano, y la reforma del 13 de noviembre de 2007 que consagró el derecho de réplica.
Se trata del artículo constitucional que garantiza la libertad de expresión en favor de los mandantes, es decir, de la población, no del gobernante, y cuyo ejercicio exige la observancia de la libertad de imprenta (artículo 7º constitucional), la libertad de cátedra e investigación (artículo 3º) y por supuesto la libertad religiosa (artículo 24°).
A la luz de lo anterior, podemos señalar que en la libertad de expresión se funden varios derechos, esto es, la libertad de imprenta, la libertad de opinar, la libertad de analizar y la libertad de informar.
La violación de la libertad de expresión afecta, inmediata y directamente, las otras libertades.
Y es que, para algunos tratadistas, como es el caso de Sergio López Ayllón, la libertad de expresión comprende también la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea de forma oral, por escrito, vía electrónica e incluso de forma artística.
Lamentablemente hoy estas libertades se ven amenazadas por quienes están obligados no sólo a observarlas, sino también a hacerlas valer y perseguir su violación.
Las conferencias presidenciales en las que se exhibe, calumnia y amedrenta a ciudadanos no constituye de forma alguna el ejercicio de un derecho, sino la violación flagrante de muchos de ellos y el avasallamiento de quienes ostentan el poder público sobre los particulares, por lo que no sólo deben cancelarse, sino tomar las medidas necesarias para proteger a las y los ofendidos y garantizar que nunca más en México se pretenda utilizar todo el poder del Estado contra la población.
La libertad de expresión en México no tiene fronteras, sino sólo las que la misma Constitución establece, esto es, cuando se ataque a la moral, los derechos de terceros, se provoque algún delito y/o perturbe el orden público, casos ante los cuales la autoridad cuenta con las herramientas legales para actuar.
