Saltillo, Coah.- A la fecha no hay una resolución que indique que la aportación del tres por ciento al Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación sea anticonstitucional, y con base en ello, de no establecer por acuerdo firmado que continuarán haciendo dicha aportación, el servicio será suspendido a los trabajadores en activo y jubilados a partir del 23 de octubre de este año.
Pedro Osvaldo Díaz Salazar, Miembro del Jurídico del Servicio Médico, acudió este miércoles a una reunión informativa para los agremiados de la Sección 38, en donde les expresó que quienes no aporten tendrán oportunidad de afiliarse más tarde, previo pago retroactivo de las aportaciones no pagadas.
La resolución de la Acción de Inconstitucionalidad del año 2016 que emitió la Suprema Corte de Justicia, señaló como inconstitucionales los servicios subrogados que otorga el Servicio Médico, pero la corte no se pronunció respecto a la retención del 3 por ciento y lo referente a copagos, explicó el jurídico.
Sin embargo y no obstante lo anterior, el Servicio Médico del Magisterio continúa cobrando lo referente a servicios subrogados, bajo el argumento de que es el Congreso de Coahuila quien debe establecer los cambios solicitados por la Corte al marco legal, y una vez que entren en vigor, podrá hablarse de una obligatoriedad para acatarlo.
“Nosotros sólo somos ejecutores de la ley”, expusó que si bien lo dicho por la Corte es inatacable, también lo es que la resolución fue en el sentido de que la entidad modificara su legislación para asumir lo dictaminado por los Ministros, cosa que hasta ahora no ha sucedido.
Indicó que por lo pronto, son alrededor de nueve mil los maestros que deben aportar, entre jubilados, pensionados y beneficiarios de pensión; aunque por un convenio signado en junio con el Gobierno de Coahuila, 3 mil cien trabajadores de la educación que ganan menos de tres salarios mínimos reciben subsidio de la aportación del tres por ciento y el copago.
Por su parte Gustavo García Torres, miembro de la Coalición de Trabajadores de la Educación, indicó que continuarán en protesta y la prueba es que de los reportes que se recibieron desde todas las delegaciones en prácticamente ningún caso se firmó la aprobación que se les entregó en la misma plática.
Aceptó que la resolución de la Suprema Corte no se acata de inmediato sino que la sentencia se envía al Congreso Estatal y el legislativo procede entonces a hacer lo propio para adecuarlo, posterior a lo cual se podría aplicar.
Señaló que la exigencia es cumplir el convenio de suspensión de cobros, ya que pese a haber sido signado en mayo, antes del suscrito con el Gobierno de Coahuila, a los trabajadores se les informó en Agosto por parte del Subsecretario de Gobierno Alberto Aguirre, que el Gobierno del Estado reconoce la vigencia del primer acuerdo, “entonces cabe la pregunta: ¿Quién está mintiendo?”, reclamó.
En tanto esto ocurre, trabajadores como María Del Carmen Bustos Gómez, siguen sufriendo la falta de medicamento, pues con su padecimiento de mieloide crónica, hace dos años que no recibe ninguna de las fórmulas que requiere para su padecimiento; “bajé como 14 kilos porque como daño colateral mi estómago empezó con problemas”; añadió que hace un mes le dieron apenas una caja de Glibec, el medicamento controlado que debería recibir y que tiene un costo en el mercado de entre 17 mil y 20 mil pesos, por lo que no ha podido surtirlo debido a que carece de los recursos.
