Con el propósito de fortalecer la democracia estatal y erradicar prácticas que han debilitado la representación popular, el abogado Héctor Manuel Garza Martínez presentó ante el Honorable Congreso del Estado una Iniciativa Popular de Reforma al Código Electoral de Coahuila, que plantea una transformación profunda de las reglas de acceso a cargos públicos, representación proporcional, candidaturas independientes, paridad de género y funcionamiento de coaliciones.
El proyecto —sustentado en la Ley de Participación Ciudadana y en diversos criterios constitucionales y jurisprudenciales— propone, en primer término, poner fin al llamado "chapulineo político", al establecer como regla obligatoria que toda persona electa deberá cumplir íntegramente el mandato para el cual fue votada antes de contender por otro cargo, salvo causas de fuerza mayor o incapacidad comprobada. La iniciativa busca frenar renuncias anticipadas que, según su promovente, rompen el compromiso democrático entre representantes y ciudadanía, minando la confianza pública en las instituciones.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la reforma al sistema de diputaciones plurinominales, estableciendo que solo podrán acceder a estas posiciones quienes hayan participado directamente en elecciones por mayoría relativa y obtenido un respaldo ciudadano medible en las urnas. Bajo este esquema, la representación proporcional dejaría de depender de listas construidas desde las estructuras partidistas, para vincularse estrictamente a los resultados reales de votación, garantizando que las curules representen votos auténticos y no acuerdos internos.
La iniciativa también contempla abrir las plurinominales a las candidaturas independientes, otorgándoles igualdad de condiciones frente a los partidos políticos y asegurando un "piso parejo" en el acceso a la representación legislativa. Paralelamente, propone ordenar el régimen de coaliciones, prohibiendo la transferencia o distribución artificial de votos y estableciendo reglas uniformes que impidan simulaciones electorales y distorsiones en la voluntad popular. En materia de paridad de género, el proyecto refuerza criterios de competitividad real para evitar que las mujeres sean concentradas en distritos de baja posibilidad de triunfo, asegurando equilibrio tanto en el registro de candidaturas como en la asignación final de escaños.
Adicionalmente, la iniciativa incorpora un principio inédito para la disputa por el Ejecutivo estatal: toda persona que aspire a la gubernatura deberá haber sido previamente electa por voto popular, descartando perfiles sin experiencia directa de representación ciudadana. El documento, que reforma, adiciona y deroga los artículos 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 71, 83, 84, 87, 93 y 99 del Código Electoral, argumenta que estas medidas permitirán consolidar un sistema más ético, transparente y responsable. "Coahuila necesita reglas claras y representantes que se ganen cada voto", sostiene el promovente, quien subrayó que la iniciativa honra el principio constitucional de que la soberanía reside en el pueblo y debe reflejarse en instituciones legítimas y confiables.
