El ex agente del Ministerio Público, Abdel Garza Lozano, rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que su salida de la fiscalía general del Estado no se debió a una destitución, sino a una renuncia voluntaria, decisión que tomó luego de que se le notificara un cambio de adscripción a Ciudad Acuña, el cual no aceptó por cuestiones económicas y familiares.
"Fue una decisión mía, no estoy peleado con la Fiscalía, al contrario, mantengo buena relación con el delegado y con mis compañeros. Sin embargo, se ha querido empatar mi renuncia con una manifestación de madres de familia, y eso es totalmente ajeno", explicó en entrevista.
Garza Lozano afirmó que existe una campaña de desprestigio en su contra, impulsada por el abogado Miguel Ángel Reyna, con quien —dijo— ha enfrentado al menos diez juicios orales consecutivos que el litigante ha perdido contra la Fiscalía.
"Me han querido involucrar en supuestos actos de corrupción, pero yo tengo los registros de las personas que atendí el día señalado en la denuncia y ya los aporté a la autoridad. Incluso uno de los testigos es un abogado reconocido en la región que está dispuesto a declarar. Todo esto se reduce a un intento del licenciado Reyna de desprestigiarme, porque incluso me han comentado familiares de imputados que él pide cantidades exorbitantes de dinero, supuestamente para fiscales y ministerios públicos, lo cual es falso", señaló.
Respecto a la denuncia presentada en su contra en marzo de 2025, Garza Lozano precisó que los hechos datan de abril de 2024 y que desde entonces solicitó a la Fiscalía los registros de acceso de quienes fueron atendidos ese día, lo que, asegura, desmiente los señalamientos.
El ex funcionario subrayó que el trasfondo de las acusaciones está relacionado con un proceso penal por secuestro, cuyo juicio oral está programado para el 29 de octubre de este año. Explicó que uno de los imputados, Carlos Mache, ya fue sentenciado previamente a cuatro años y siete meses de prisión por el delito de violencia contra servidores públicos.
"Como no tienen pruebas para debatir el delito de secuestro, están usando las manifestaciones y esta campaña en mi contra como último recurso para tratar de evitar que el Poder Judicial los sentencie. Ellos saben que se enfrentan a una pena que podría llegar a los 90 años de prisión", sostuvo.
Finalmente, Abdel Garza Lozano anunció que interpondrá una contrademanda por daño moral en contra de quienes lo han acusado y reiteró que cuenta con documentos y testigos que avalan su versión.
"Quiero dejar claro que no tengo ningún motivo para fabricar un delito. No conocía a esas personas y no tengo nada contra ellas. Mi renuncia fue voluntaria y voy a defender mi nombre con todas las pruebas que tengo", concluyó.
