Carecen obreros de representación legal

La jueza del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concurso Mercantil, Ruth Haggi Huerta, ordenó la intervención del Instituto Federal de Defensoría Pública para que designe a un asesor jurídico que represente de manera colectiva a los trabajadores de Altos Hornos de México y MINOSA, al determinar que carecen de una defensa jurídica efectiva dentro del procedimiento de quiebra.

La resolución, emitida el 6 de julio dentro del expediente 19/2023, establece que la medida busca garantizar la protección de los derechos laborales durante el proceso y evitar que los acreedores permanezcan en una situación de vulnerabilidad frente a las decisiones que se adopten en la liquidación de la empresa.

El acuerdo deriva de una petición presentada por un extrabajador, quien solicitó acceso al expediente electrónico, conocer el avalúo que sustentó la venta del 50 por ciento de las acciones de Ferrocarriles Coahuila Durango, así como revisar el destino de los recursos obtenidos y evitar nuevas prórrogas al síndico.

No obstante, la jueza rechazó la mayor parte de esas solicitudes al considerar que la Ley de Concursos Mercantiles ya contempla mecanismos de transparencia, supervisión y rendición de cuentas sobre la actuación del síndico.

Al analizar el expediente, la juzgadora advirtió que los representantes de los trabajadores tuvieron acceso al procedimiento desde el 11 de junio de 2025 y fueron notificados de la propuesta para vender el 50 por ciento de las acciones de una empresa perteneciente a la masa concursal, así como del avalúo que respaldó esa operación.

Sin embargo, señaló que no presentaron observaciones, objeciones o impugnaciones antes de que la autorización fuera concedida el 12 de noviembre de 2025, resolución que quedó firme el 8 de junio de 2026.

Esta omisión demostró que los trabajadores no cuentan con una representación jurídica que ejerza de manera oportuna y eficaz los medios de defensa disponibles como parte de este proceso.

Debido a esto, la jueza ordenó girar un oficio al Instituto Federal de Defensoría Pública para que designe un asesor jurídico que asuma la representación colectiva de todos los trabajadores acreedores de AHMSA y sus empresas vinculadas.