NUEVA ROSITA, COAH.- A través del Juzgado Civil en la Región Carbonífera han atendido un promedio de 820 expedientes relacionados con demandas de embargo, derivadas principalmente de juicios ejecutivos promovidos por empresas financieras.
Así lo dio a conocer el licenciado Gerardo Humberto Orzua Segura, juez de primera instancia en materia civil, quien alertó sobre prácticas desmedidas que afectan a personas con escaso conocimiento legal.
El juez explicó que la mayoría de los juicios, tanto civiles como mercantiles, se originan por pagarés firmados en blanco. En estos casos, el acreedor llena el documento con montos superiores al préstamo real, lo que genera una deuda injusta para el demandado.
Esta situación ha sido recurrente en la región, donde muchas personas se ven involucradas en procesos judiciales sin comprender completamente las implicaciones de lo que firmaron.
De los 820 casos atendidos, entre un 80 y 90 % corresponden a juicios mercantiles, y al menos 300 ya han sido resueltos con sentencia condenatoria.
Dijo que, las empresas demandantes suelen ser financieras con sede en ciudades como Monclova, Saltillo y Torreón, que operan en la Carbonífera mediante redes de promotores que otorgan préstamos a personas en situación vulnerable.
Además de las financieras, también se han detectado casos promovidos por personas físicas o agiotistas que, aprovechándose de la necesidad económica de los ciudadanos, los obligan a firmar pagarés sin respaldo. Esta práctica ha generado un aumento en los juicios ejecutivos, afectando gravemente el patrimonio de los involucrados.
El juez Orzua Segura advirtió que incluso quienes firman como avales pueden ser demandados, ya que tienen la misma responsabilidad legal que el deudor principal.
Por ello, recomendó a la población evitar firmar como aval si no están completamente seguros de las consecuencias, y exhortó a mantenerse informados para no caer en prácticas que comprometan su estabilidad financiera.
