Estados Unidos sanciona a 12 mexicanos y dos empresas acusadas de lavar dinero para el Cartel de Sinaloa mediante criptomonedas
El Gobierno de Estados Unidos intensificó su ofensiva financiera contra el narcotráfico mexicano. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso sanciones contra 12 personas y dos empresas mexicanas señaladas de presuntamente lavar millones de dólares para el Cartel de Sinaloa mediante el uso de criptomonedas y negocios legales.
La medida implica el congelamiento de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibir cualquier operación comercial o financiera con ciudadanos o empresas de Estados Unidos.
Sin embargo, el impacto también alcanza al sistema financiero mexicano, debido a la estrecha relación de la banca nacional con el sistema estadounidense.
Uno de los aspectos más sensibles del caso es que uno de los principales acusados, Armando de Jesús Ojeda Avilés, todavía aparecía hasta mayo de 2025 como funcionario público municipal en Sinaloa, según registros oficiales.
¿Qué acciones tomó Estados Unidos?
La OFAC emitió sanciones formales contra una red señalada de operar esquemas de lavado de dinero vinculados a Los Chapitos, facción del Cartel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los implicados presuntamente recolectaban ganancias obtenidas por la venta de drogas —principalmente fentanilo— en territorio estadounidense, para después convertir el dinero en criptomonedas y transferirlo nuevamente a México.
La investigación fue desarrollada en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.
Además del congelamiento de activos en Estados Unidos, la designación obliga a bancos y entidades financieras a bloquear operaciones relacionadas con los sancionados.
El caso de Armando de Jesús Ojeda Avilés
Según la OFAC, Armando de Jesús Ojeda Avilés sería uno de los principales operadores financieros de Los Chapitos tras la muerte de Mario Alberto Jiménez Castro, alias "Kastor", señalado previamente como encargado de mover recursos del grupo criminal.
Las autoridades estadounidenses sostienen que Ojeda Avilés coordinaba la conversión de dinero en efectivo a criptomonedas para facilitar transferencias difíciles de rastrear por los sistemas bancarios tradicionales.
El señalamiento cobró relevancia porque, hasta mayo de 2025, el acusado figuraba como funcionario de confianza dentro de una administración municipal de Sinaloa.
Aunque las autoridades no detallaron el cargo específico que ocupaba, el caso volvió a encender el debate sobre la posible infiltración del crimen organizado en estructuras gubernamentales locales.
Las empresas mexicanas sancionadas
Entre las entidades incluidas en la lista negra se encuentran:
Grupo Especial Mamba Negra, empresa de seguridad privada.
Gorditas Chiwas, restaurante ubicado en Chihuahua.
De acuerdo con la investigación, ambos negocios estarían vinculados al empresario Alfredo Orozco Romero, señalado como presunto colaborador de la red financiera criminal.
Las autoridades sostienen que familiares cercanos habrían sido utilizados como prestanombres para ocultar la propiedad y operación de las empresas.
El caso evidencia cómo negocios aparentemente legales pueden ser utilizados para mezclar recursos ilícitos con ingresos formales y facilitar operaciones de lavado de dinero.
Otros implicados y recompensas
Entre los sancionados también aparece Jesús González Peñuelas, identificado por Estados Unidos como presunto líder de una célula del Cartel de Sinaloa.
González Peñuelas ya había sido sancionado anteriormente bajo la Ley Kingpin y enfrenta acusaciones por narcotráfico en tribunales de California y Colorado.
Actualmente, las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita su captura.
Junto a él fueron señalados otros presuntos operadores financieros y logísticos vinculados al movimiento de efectivo, drogas y activos virtuales.
Impacto en la banca mexicana
Aunque las sanciones provienen de Estados Unidos, los efectos alcanzan rápidamente a instituciones financieras mexicanas.
Los bancos, fintechs y casas de bolsa que mantienen relaciones con el sistema financiero estadounidense deben revisar operaciones, identificar posibles vínculos con personas sancionadas y, en algunos casos, congelar cuentas o reportar movimientos sospechosos.
Especialistas señalan que este tipo de medidas incrementa los controles sobre transferencias y operaciones financieras en México, endureciendo los procesos de supervisión bancaria.
Para la mayoría de los usuarios comunes el impacto directo suele ser limitado, aunque sí puede traducirse en revisiones más estrictas y mayores requisitos para ciertas operaciones financieras.
La estrategia de Washington contra los carteles
El endurecimiento de las sanciones forma parte de la estrategia impulsada por Estados Unidos para combatir el tráfico de fentanilo y debilitar financieramente a los carteles mexicanos.
Washington considera que atacar las estructuras económicas y los mecanismos de lavado de dinero es una de las herramientas más efectivas para frenar las operaciones criminales.
En los últimos años, las autoridades estadounidenses han aumentado las sanciones contra operadores financieros, empresas y redes vinculadas al narcotráfico, especialmente aquellas relacionadas con el tráfico de fentanilo y el uso de criptomonedas.
El nuevo caso también refleja la creciente cooperación entre agencias estadounidenses y mexicanas en investigaciones financieras transnacionales, aunque al mismo tiempo vuelve a poner bajo presión a las instituciones mexicanas para detectar posibles nexos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales.
