Un Tribunal de Apelaciones falló este viernes a favor de la polémica ley SB4, permitiendo que la policía estatal de Texas detenga y expulse del país a personas sospechosas de encontrarse en Estados Unidos de manera irregular.
La decisión judicial levanta la pausa que mantenía suspendida la norma, aprobada originalmente por la legislatura texana en 2023. El tribunal dictaminó que las organizaciones de derechos humanos que presentaron demandas para frenarla —entre ellas American Gateways y Las Americas Immigrant Advocacy Center— carecen de derecho procesal para interponer dicho recurso.
La ley SB4 permite a la policía estatal detener migrantes irregulares.
La ley SB4 tipifica la entrada irregular desde México como un crimen estatal. Las sanciones contemplan condenas de hasta seis meses de cárcel para quienes incurran en el delito por primera vez, y de hasta 20 años de prisión para reincidentes. Además, otorga facultades a los jueces estatales para ordenar la expulsión directa de migrantes a territorio mexicano.
Organizaciones de derechos humanos critican la legalidad de la ley SB4.
La resolución ocurre bajo la administración de Donald Trump, en un periodo donde los cruces fronterizos irregulares han alcanzado sus puntos más bajos en años, mientras el gobierno federal impulsa campañas de arrestos masivos en el interior del país.
Según un análisis del Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley, los arrestos de migrantes sin antecedentes penales han aumentado un 770% en el último año, mientras que las detenciones en la vía pública se dispararon más de un 1,000%.
Aumento de detenciones de migrantes sin antecedentes penales en Texas.
Grupos defensores de los derechos civiles sostienen que la SB4 es ilegal, argumentando que la regulación migratoria es competencia exclusiva del gobierno federal. Advierten que su implementación podría obstaculizar las peticiones de asilo y derivar en actos discriminatorios contra la comunidad hispana y minorías raciales. Por su parte, el gobernador Greg Abbott ha intensificado la presión sobre ciudades como Houston, Dallas y Austin para que colaboren plenamente con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
