Aumenta 4.4% el costo de la educación privada en el ciclo 2024-2025
Durante el ciclo escolar 2024-2025, que concluyó el pasado 16 de julio, los precios relacionados con la educación privada en México —como colegiaturas, uniformes, material escolar y transporte— aumentaron en promedio 4.4%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El nivel preescolar fue el más afectado, con un incremento del 6.2% en colegiaturas, seguido por primaria y secundaria, ambas con un alza del 5.8%. En contraste, bachillerato y universidad registraron aumentos menores, de 3.3% y 3.7%, respectivamente. Otros gastos como uniformes subieron 1.8%, el material escolar 4%, y el transporte escolar 4.9%.
Impacto en las familias y el acceso a la educación
Para Erik Avilés, investigador del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, estos aumentos representan una amenaza para el acceso equitativo a la educación. 'Este tipo de alzas presiona fuertemente a las familias, sobre todo de clase media, que ahora enfrentan un agosto complicado', advirtió. Agregó que muchas recurrirán a endeudamiento, préstamos o trabajos informales para costear los estudios de sus hijos.
Avilés también señala una paradoja: mientras que en niveles donde ha disminuido la natalidad —como preescolar y primaria— los precios aumentan más por la menor demanda, en niveles con mayor demanda como el universitario, los aumentos son moderados y por debajo de la inflación anual, estimada en 4.42%.
Un llamado a políticas públicas inclusivas
Alejandra Luna Guzmán, académica de la Universidad Iberoamericana, enfatiza que la educación privada cumple un rol complementario al sistema público, por lo que debe mantenerse accesible. 'El derecho a la educación no se garantiza solo con escuelas públicas; también las privadas deben ser asequibles', indicó.
Luna propone que los aumentos en colegiaturas se acompañen de medidas compensatorias como becas, esquemas diferenciados de pago o fondos de emergencia. Además, considera que los incrementos podrían justificarse si se traducen en mejoras sustanciales en infraestructura, tecnología y formación docente.
Ambos expertos coinciden en la necesidad urgente de políticas que regulen los costos y promuevan el acceso igualitario a la educación, señalando que la responsabilidad no es solo del Estado, sino también de las instituciones privadas.