CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual exenta de ciertos trámites y requisitos de transparencia a las Fuerzas Armadas y a empresas públicas como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), siempre que los proyectos a su cargo sean considerados "prioritarios" o "estrategicos".
La reforma fue aprobada con 355 votos a favor de Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano —con excepción del diputado jalisciense Hugo Manuel Luna, quien se abstuvo— y 98 votos en contra por parte del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El dictamen ahora será enviado al Senado para su análisis y eventual ratificación.
Cambios clave en la reforma
Los ajustes en la ley eliminan la obligatoriedad de aplicar la norma en ciertos casos, lo que permitirá que instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Pemex y CFE no estén sujetas a la transparencia en los detalles de las obras que se les asignen si estas son consideradas prioritarias o estratégicas.
Uno de los cambios más significativos es la eliminación de la obligación de firmar nuevos convenios en caso de que el monto o el plazo de un contrato aumente en más del 25 por ciento. Anteriormente, la ley exigía una modificación contractual cuando se superaba dicho límite. Con esta reforma, los ajustes podrán hacerse sin la necesidad de modificar los acuerdos formales.
Impacto en costos y contratos
Otra modificación relevante es el aumento en el margen permitido para ajustes por costos indirectos y de financiamiento. Mientras que antes los contratistas solo podían solicitar un incremento de hasta el 25 por ciento, ahora podrán pedir hasta un 50 por ciento. Esta medida podría incrementar los costos finales de los proyectos de obra pública, generando preocupaciones entre diversos sectores sobre un posible impacto en la gestión de recursos públicos.
La oposición ha manifestado su inconformidad, argumentando que la reforma podría abrir la puerta a la discrecionalidad y la opacidad en la ejecución de obras públicas. Sin embargo, los legisladores a favor de la medida afirman que esta facilitará la implementación de proyectos de infraestructura esenciales para el desarrollo del país.
A la espera del dictamen en el Senado, la reforma sigue generando un intenso debate sobre su impacto en la rendición de cuentas y el control del gasto público en proyectos de gran magnitud.
