CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa constitucional que plantea aplazar de 2027 a 2028 la segunda elección popular de jueces, magistrados y ministros. La propuesta del Poder Ejecutivo busca aplicar una profunda corrección a la reforma judicial heredada del periodo obradorista y reestructurar a fondo el sistema de selección de los aspirantes en el país.
La propuesta de reforma judicial
La radiografía de la propuesta presidencial fue expuesta públicamente por la recién nombrada consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde. El nuevo proyecto de reforma tiene como propósito central endurecer los filtros para los aspirantes, reducir el número total de candidatos participantes y rediseñar por completo los comités evaluadores encargados de revisar los perfiles. Estas modificaciones estructurales ocurren tras las fallas institucionales exhibidas durante el primer ensayo electoral del Poder Judicial.
Sheinbaum enviará este planteamiento formal a la Cámara de Diputados con miras a que la iniciativa pueda ver la luz y ser aprobada por los legisladores mediante un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso mexicano.
Avances en la Cámara Baja
La iniciativa de reforma ya cuenta con un tramo recorrido y avance en la Cámara Baja, donde es impulsada directamente desde el partido oficialista Morena y respaldada por ciertos sectores del Instituto Nacional Electoral (INE). La modificación legal parte de un diagnóstico incómodo para el oficialismo. De acuerdo con fuentes consultadas, la elección judicial del 1 de junio de 2025 dejó un balance insatisfactorio para el bloque gobernante: una participación ciudadana menor a la esperada, la postulación de perfiles muy cuestionados por su escasa experiencia y un proceso de evaluación que se mostró incapaz de filtrar adecuadamente a los candidatos.
Ante este panorama, lo que hace apenas unos meses era presentado por el bloque gobernante como una transformación histórica del sistema de justicia, hoy es revisado por el propio oficialismo bajo la lógica de que la reforma judicial necesita perfeccionarse de manera urgente. Con este rediseño institucional, la administración de Sheinbaum busca corregir las fallas operativas y asegurar la viabilidad del proceso de selección popular de los integrantes del sector judicial mexicano hacia las elecciones de 2028.
