Acusan 'destierro' y violaciones a la Constitución por entregas de narcos a Estados Unidos
Familiares de presuntos integrantes de cárteles enviados a Estados Unidos sin proceso de extradición anunciaron una denuncia ante la FGR. CDMX.- Familiares y abogados de tres de los más de 90 criminales que México ha entregado a Estados Unidos anunciaron una demanda contra autoridades mexicanas por presuntas violaciones a derechos y convocaron a allegados de otros casos a sumarse.
La acción, dijeron, es la primera de personas afectadas por la decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum de entregar a la justicia estadounidense —sin mediar un proceso de extradición— a integrantes de organizaciones criminales que ya habían sido procesados en México. De acuerdo con lo expuesto en conferencia de prensa en Ciudad de México, en tres rondas desde finales de febrero de 2025 México ha enviado a Estados Unidos a un total de 92 miembros de cárteles, en un contexto de presión del presidente estadounidense Donald Trump para frenar el tráfico de drogas, en particular fentanilo.
Los familiares de Juan Pedro Saldívar Farías, alias Z-27, acusado de crímenes como el ataque a dos agentes del servicio de control de inmigración estadounidenses ICE cuando era líder local de Los Zetas en Tamaulipas, señalaron que ya presentaron la demanda y que otros parientes se adherirán en los próximos días. Sus abogados afirmaron que la entrega viola la Constitución mexicana e incumple la ley de extradición vigente con Estados Unidos. Vanesa Guzmán, pareja de Saldívar, afirmó que él llevaba 13 años en prisión y era candidato a libertad condicionada cuando fue entregado a Estados Unidos el martes pasado. "Él quería reincorporarse a la sociedad. Hay planes (...) destruidos. Él tiene una madre enferma, no le dio la oportunidad de verlo. Hijos adolescentes que esperaban a su papá", dijo.
Entre los antecedentes que expusieron, una de las abogadas, Yarey Sánchez Laguna, rechazó que se trate de extradiciones y sostuvo: "Su entrega es un destierro, lo cual se encuentra prohibido" por la Constitución. La litigante indicó que representa a Itiel Palacios García, señalado como miembro del Cártel Jalisco Nuevo Generación, y a Pablo Edwin Huerta Nuño, del cártel de los Arellano Félix, y que buscará incorporarlos a la denuncia. En reacciones, la Fiscalía General de la República no emitió comentarios sobre el anuncio; consultada por la AFP, la institución no respondió respecto de la demanda.
En el plano institucional, los promoventes informaron que la denuncia fue presentada ante la FGR y acusa al Consejo Nacional de Seguridad —integrado por la propia Fiscalía, las secretarías de Seguridad, Gobernación, Defensa, Marina y la Presidencia— de "traición a la patria y coalición de servidores públicos", mientras llamaron a familiares de otras personas entregadas a Estados Unidos a adherirse para impulsar el caso.
