En México, el crimen organizado ya no sólo pelea territorios, rutas o puertos. Ahora, la pregunta incómoda es otra: ¿también controla el agua?
La reciente investigación abierta por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre presuntos nexos criminales en el manejo de sistemas hidráulicos y distritos de riego en Sinaloa ha encendido una alarma que va mucho más allá de la corrupción administrativa. La sospecha es explosiva: si el narco infiltró el negocio del agua, pudo haber tomado el control de uno de los recursos más valiosos del país.
La denuncia no nació de un expediente judicial, sino de declaraciones públicas que señalan una posible influencia del crimen organizado —particularmente facciones ligadas al Cártel de Sinaloa— sobre módulos de riego y juntas encargadas de administrar millones de pesos en infraestructura hídrica. Las acusaciones aún no equivalen a culpabilidad ni existen sentencias, pero el solo hecho de que autoridades federales investiguen ya revela el tamaño del problema.
La investigación de la Conagua revela posibles nexos criminales en el manejo del agua.
El verdadero negocio no sería la droga... sino el control.
En un estado agrícola como Sinaloa, controlar el agua significa controlar cosechas, subsidios, favores políticos y dinero. Mucho dinero.
No se trata solamente de abrir o cerrar compuertas. Quien decide a dónde llega el agua puede definir qué productor sobrevive, quién pierde su cosecha y quién entra o queda fuera del negocio agrícola. En una región donde el maíz, tomate y hortalizas dependen totalmente de los sistemas de riego, el líquido puede convertirse en un instrumento de poder más eficaz que las armas.
Y ahí aparece la pregunta incómoda: si grupos criminales ya controlan territorios, cobros y cadenas productivas, ¿por qué no intentarían dominar también el recurso que mueve miles de millones en el campo?
Productores agrícolas en Sinaloa piden que se investiguen las denuncias sobre el narco.
Productores agrícolas y usuarios de riego han pedido públicamente que las denuncias sean investigadas, señalando que durante años ha existido miedo para hablar del tema. Algunos líderes agrícolas incluso sostienen que pocos se atreven a denunciar por temor a represalias.
La supervisión de la Conagua es cuestionada ante la infiltración del crimen organizado.
Aquí el tema se vuelve aún más polémico.
Si Conagua administra supervisiones, revisa reportes financieros y valida obras relacionadas con módulos de riego, surge una pregunta inevitable: ¿cómo pudo pasar desapercibido un supuesto desvío o infiltración criminal, si existían controles institucionales?
Ocurre una de dos cosas: o las autoridades no vieron nada, lo cual evidenciaría un fracaso monumental de supervisión, o alguien sí lo vio y prefirió ignorarlo.
Ambos escenarios son preocupantes.
Más aún porque el gobierno federal ha destinado miles de millones de pesos a proyectos de tecnificación de riego en Sinaloa durante los últimos años. Si parte de esos recursos terminó bajo influencia criminal, el escándalo podría escalar a niveles nacionales.
El agua como nuevo símbolo del poder criminal.
Durante años México habló del "narcoestado" como una exageración política. Pero cuando aparecen sospechas de influencia criminal en áreas tan básicas como seguridad, elecciones, comercio agrícola... y ahora agua, el debate deja de parecer ficción.
Porque una cosa es traficar droga en las sombras. Otra muy distinta es administrar recursos públicos esenciales.
La gran pregunta ya no es si el crimen organizado tiene presencia económica en ciertas regiones del país. Eso nadie lo discute. La pregunta ahora es mucho más perturbadora: ¿Qué tan profundo ha penetrado el Estado mexicano si incluso el agua —el recurso más básico para vivir— puede estar bajo sospecha?
Y quizá la peor parte sea esta: en Sinaloa, muchos dicen que el tema era un secreto a voces. Lo verdaderamente escandaloso sería descubrir que todos lo sabían... menos las autoridades.
