El colectivo Orgullo Mexicali ha levantado la voz contra el grupo autodenominado "Patrulla Espiritual", tras la difusión de videos que documentan el secuestro y la degradación de Karime, una mujer trans en situación de calle en Tijuana. Lo que el grupo promociona como "labor social" ha sido calificado por activistas y defensores de derechos humanos como privación de la libertad y tortura.
Según las evidencias audiovisuales, integrantes de la agrupación, liderados por Jesús Ignacio Osuna, persiguieron a la víctima con el apoyo de empleados de una gasera. A pesar de las súplicas de Karime, quien rogaba que la dejaran ir, fue subida por la fuerza a un vehículo y trasladada al centro de rehabilitación Jireh.
Una vez en el anexo, los actos de violencia escalaron:
Ataque a la Identidad: Se le obligó a reconocerse con un género masculino.
Vejaciones Físicas: Le cortaron el cabello y la forzaron a vestir prendas de hombre.
Violencia Digital: Los agresores documentaron el proceso entre burlas e insultos sexuales, difundiendo el material en redes sociales para "entretenimiento" de sus seguidores.
Los activistas señalan que estas acciones violan flagrantemente el Código Penal de Baja California, que prohíbe las "terapias de conversión" (ECOSIG). El comité denunció que el discurso de "corrección" de la identidad sexual utilizado por la Patrulla Espiritual constituye una falta grave contra la dignidad humana y un delito de odio.
"La Patrulla Espiritual opera sin regulación y promueve la violencia psicológica al exhibir a personas vulnerables", sentenció el colectivo Orgullo Mexicali.
Ante la presión social, la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, confirmó que la organización no cuenta con permisos municipales para operar.
Investigación en curso: Se ha convocado a una mesa de trabajo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHBC) y COFEPRIS para revisar la legalidad del centro "Adelante Patrulla Espiritual".
El factor de la voluntad: La funcionaria subrayó que el internamiento en centros de rehabilitación debe ser estrictamente voluntario y bajo el respeto a los derechos humanos.
Por su parte, Susana Barrales, directora de la Casita Unión Trans, instó a establecer puentes de comunicación con estos grupos religiosos. Aunque no compartan la ideología de la comunidad LGBT, Barrales fue enfática: "La intervención no debió violar sus derechos de identidad de género".
El colectivo LGBT exige ahora el cierre definitivo del centro Jireh, sanciones penales para los responsables y la eliminación inmediata del contenido digital que revictimiza a Karime.
