La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), convalidó la “verdad histórica” de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) sobre el asesinato de los 43 normalistas, el lugar donde se ejecutó el hecho y el sitio en donde fueron arrojados los restos de los jóvenes dentro de bolsas de plástico.
En una acusación de la UEILCA en contra de los peritos Mauricio Cerón Solana y Patricia Gómez Ramírez, por los delitos “contra la administración de justicia relativo a alterar ilícitamente el lugar de los hechos, perder ilícitamente indicios del hecho delictivo, así como (…) obstaculizar la investigación del hecho delictuoso”, ante un juez federal, la FGR hizo suya la investigación que había tratado de desmontar desde hace dos años y medio.
Después que la UEILCA acusó a Cerón Solana y Gómez Ramírez —dos de los ocho peritos que estuvieron el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan, de Cocula, municipio de Iguala, donde un mes atrás habían desaparecido los normalistas, según la PGR—, presentándole al juez de la causa sus pruebas para que se les vinculara a proceso, en la página 14 de la acusación, de la que Excélsior tiene copia, se lee (resaltado en negritas y antecedido por un símbolo parecido a un diamante):
“Acto continuo esta Fiscalía Especializada acreditará como los justiciables (los peritos Mauricio Cerón y Patricia Gómez) alteraron el lugar de los hechos, es decir el río San Juan, en Cocula, Guerrero, en donde se arrojaron ocho bolsas negras con restos de los estudiantes de Ayotzinapa que fueron privados de la vida en el Basurero de Cocula tal y como se desprende de la averiguación previa 871/2014”.
La forma en que está redactada la acusación contra los peritos contra los que la UEILCA obtuvo la vinculación a proceso de parte de un juez de Control Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, quien fijó plazo de seis meses para la investigación complementaria, muestra una defensa de la investigación de la PGR, ya que ahora la FGR considera fundamental el río San Juan como lugar de los hechos en la desaparición; de lo contrario, ¿qué importancia tendría el lugar para la FGR si sus investigaciones están enfocadas hacia otros lugares?
En el documento de acusación de 28 páginas, el Ministerio Público hace ver a los peritos Mauricio Cerón —que trabajaba en la PGR desde 2013— y Patricia Gómez, con servicio en esa institución a partir de 1997 y que causaron baja el 21 de diciembre de 2018, como los responsables de la pérdida de pruebas esenciales para conocer el paradero de los 43 normalistas.
“Le(s) informo justiciables (Mauricio Cerón y Patricia Gómez) que la investigación de los hechos delictuosos que obstaculizaron lo que fue el destino de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos”, se lee en la página 3 de la acusación contra los peritos, que llevan el proceso en libertad ya que los delitos no son graves y no requieren prisión preventiva.
De acuerdo con el documento de imputación, la acusación la hace la Fiscalía Especial derivado de la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Decimonoveno Circuito en la resolución de amparo 203/2017, en la que se ordenó a la UEILCA investigar las irregularidades ocurridas el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan en Cocula, Guerrero. “Así como los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, a través de la denuncia realizada por escrito de fecha 27 de enero de 2020, suscrita con firma autógrafa”.
En la exposición del Ministerio Público Federal ante el Juez de la causa se señala en la página 6, que “respecto a la alteración del lugar de los hechos, así como la pérdida de indicios relacionados con el lugar de los hechos se cuenta con los siguientes registros de investigación”.
Para el desahogo de ese punto, la Fiscalía Especial del Caso Iguala estableció cómo es que los peritos llegaron al río San Juan el 28 de octubre de 2014, sin una orden ministerial previa. Para tal efecto fueron entrevistadas una serie de personas que convergen en que fue a partir de llamadas telefónicas la forma en que se coordinó la diligencia irregular encabezada por Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal con el acusado Agustín García Reyes, El Chereje.
La primera llamada para esa diligencia en el río San Juan fue de Zerón de Lucio a Sara Mónica Medina Alegría, entonces Coordinadora General de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR, según consta en la entrevista del 26 de marzo de 2020.
“... El día 28 de octubre de 2014, me encontraba en servicio, por lo que aproximadamente después de mediodía, recibí una llamada telefónica por parte del entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal el Lic. Tomás Zerón de Lucio, quien me instruyó que le mandara peritos de varias especialidades al municipio de Cocula, Guerrero, para lo cual recuerdo le pregunté si los requería directamente de central y de qué materia indicándome que fueran peritos que se encontraran lo más cerca posible siendo los más próximas al lugar el C. Mauricio Cerón Solana... que se encontraba en un lugar conocido como La Parota en Guerrero, a quien le indiqué que por instrucciones del titular de la AIC se constituyera con peritos en materia de criminalística, fotografía, video y medicina al municipio de Cocula, Guerrero, lugar en donde se debería contactar con el titular de la Agencia de Investigación Criminal quien le daría instrucciones. En cuanto a los hechos ocurridos el día 28 de octubre de 2014, desconozco totalmente de las diligencias”, declaró Medina Alegría.
Además de diversos testimonios de colegas de los peritos, para la acusación de la Fiscalía, se vale de información que la CNDH reveló en su recomendación 15/VG/2018, sobre el inadecuado procedimiento de los peritos en el río San Juan.
La acusación del Ministerio Público es contradictoria. Al tiempo que los imputa de alterar un lugar de los hechos, en una defensa jurídica de la “verdad histórica”, la representación social hizo en una “observación”, la siguiente propuesta: “Su señoría, con base en los datos de prueba antes enunciados se advierte que las actuaciones que dieron pie a la diligencia realizada en río San Juan, fueron en un primer momento planeados primeramente establecer una única línea de investigación y una vez trazada ésta, a fin de materializarla y darle sustento a la misma, se realizan actos de tortura a Agustín García Reyes a fin de que el mismo se autoincriminara aduciendo el lugar, circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las que (según la verdad histórica sostenida por la antigua PGR), fue el destino final de los 43 estudiantes de Ayotzinapa”.
Como parte de las contradicciones presentadas en la acusación de la UEILCA contra los peritos, en la página 21 del documento, el Ministerio Público Federal señala en otra observación hecha dentro de la acusación a los peritos que “dichos datos de prueba cobran mayor relevancia con la identificación de un resto óseo perteneciente a Alexander Mora Venancio, pues los mismos fueron localizados precisamente el 29 de octubre de 2014 —un día después de la diligencia ilegal de Zerón de Lucio—, en el río San Juan, y que fue corroborado con las opiniones emitidas por el Laboratorio de la Universidad de Innsbruck, de Austria, mismas que fueron remitidas mediante el oficio 1228/2014, del 16 de diciembre de 2014, suscrito por el titular de la Coordinación de Servicios Periciales”.
