NUEVA YORK, Estados Unidos — Katherine Polk Failla, jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, advirtió que la evidencia recabada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, es "abundante" y "voluminosa", al avanzar las primeras etapas de su proceso penal por presuntos nexos con el crimen organizado.
Durante la audiencia de comparecencia realizada en una corte federal de Manhattan, la juzgadora describió el expediente judicial como un entramado complejo de alta dificultad técnica. "Este es un proceso en el que la evidencia es abundante, voluminosa... y es un proceso en el que los acusados están llegando en olas. Es un proceso complejo", manifestó la jueza federal al referirse al cúmulo de pruebas presentadas por los fiscales estadounidenses.
Mérida Sánchez acudió a la sala judicial bajo estrictas medidas de custodia federal, presentándose encadenado de pies, manos y cintura, y vistiendo el uniforme penitenciario color kaki. Actualmente, el general en retiro permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el mismo complejo carcelario de máxima seguridad donde se encuentran recluidos conocidos líderes de organizaciones criminales mexicanas.
El exfuncionario sinaloense es el primero de un grupo de 10 funcionarios y excolaboradores gubernamentales de la entidad federativa de Sinaloa —entre los que se incluye al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya— en comparecer formalmente ante la justicia de la Unión Americana tras haber sido imputado por el Departamento de Estado. Las acusaciones penales que pesan en su contra incluyen cargos por conspiración para la importación masiva de narcóticos, posesión de armamento restringido y conspiración para poseer armas de fuego, vinculándolo estrechamente con operaciones de protección a la facción delictiva conocida como "Los Chapitos", pertenecientes al Cártel de Sinaloa.
Según las investigaciones de la fiscalía norteamericana, Mérida Sánchez presuntamente recibía pagos mensuales de hasta 100 mil dólares a cambio de filtrar información anticipada a los líderes delictivos sobre los operativos tácticos de las fuerzas del orden federales y estatales, además de obstaculizar el desmantelamiento de laboratorios clandestinos de drogas.
Al término de la comparecencia, la jueza concedió un plazo perentorio de 60 días para que la Fiscalía de Estados Unidos procese la totalidad de los documentos probatorios y los entregue formalmente a Sarah Krissoff, abogada defensora del imputado, con la finalidad de que analicen el expediente y evalúen las alternativas legales vigentes antes de la reanudación del juicio, cuya próxima sesión fue fijada para el 4 de agosto de 2026. De ser declarado culpable por el tribunal de Nueva York, el exjefe policiaco enfrenta una penalidad que oscila entre los 40 años de prisión y la cadena perpetua.
