GUADALUPE, Nuevo León — Una jueza de control dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva justificada contra una mujer imputada por el homicidio de su esposo, en un hecho registrado en el municipio de Guadalupe, zona metropolitana de Monterrey.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que la medida cautelar fue impuesta tras presentarse los datos de prueba recabados en la escena del crimen. Las autoridades investigan el caso bajo la sospecha de que el incidente se derivó de un historial prolongado de violencia doméstica en el entorno conyugal.
Detalles confirmados
El suceso ocurrió en un domicilio de la colonia Cañada Blanca. De acuerdo con los informes policiales, la pareja se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas cuando comenzó una fuerte discusión verbal que escaló rápidamente a las agresiones físicas. Durante el altercado, la mujer presuntamente atacó a su cónyuge con un arma blanca, causándole heridas de gravedad.
Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar los gritos provenientes de la vivienda. Al arribar al lugar, paramédicos de la Cruz Roja intentaron brindar primeros auxilios a la víctima; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales debido a un choque hipovolémico por las lesiones punzocortantes recibidas.
La mujer fue arrestada en el sitio por elementos de la policía municipal y puesta a disposición del Ministerio Público. Testigos locales declararon a los agentes ministeriales que los conflictos y las disputas familiares eran recurrentes en la vivienda de la pareja.
Acciones de la autoridad
Durante la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal por el delito de homicidio calificado. La defensa de la procesada argumentó presuntos antecedentes de maltrato físico y psicológico por parte del fallecido, factores que la Fiscalía estatal integrará a las indagatorias para esclarecer el contexto de legítima defensa o violencia intrafamiliar.
La juzgadora fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el cual la imputada permanecerá recluida en el Centro de Reinserción Social Femenil del estado.
