En medio del debate por la reforma electoral conocida como "Plan B", una de las voces más críticas volvió a tomar protagonismo: la del exconsejero del INE, Lorenzo Córdova. Su advertencia no es menor: lo que está en juego, dice, no es solo una reforma, sino las reglas mismas de la democracia en México.
¿Qué cambios propone el Plan B?
Córdova ha sido claro al señalar que el "Plan B" podría abrir la puerta a un problema delicado: la propaganda gubernamental durante la revocación de mandato. En otras palabras, existe el riesgo de que quienes están en el poder influyan en un ejercicio que debería ser ciudadano y neutral.
Este punto es clave porque, históricamente, la ley electoral mexicana ha buscado evitar que los gobiernos utilicen recursos públicos para influir en la opinión de los votantes. De hecho, durante la consulta de revocación de mandato de 2022, se establecieron restricciones estrictas: ninguna autoridad podía difundir propaganda más allá de temas esenciales como salud o educación.
Sin embargo, Córdova advierte que los cambios propuestos podrían debilitar estos límites.
El impacto del Plan B en la democracia
El contexto de esta crítica es la nueva propuesta impulsada por el gobierno federal tras el fracaso de una reforma electoral más amplia. Este "Plan B" busca, entre otras cosas:
- Reducir gastos en estructuras políticas
- Ajustar reglas electorales
- Modificar aspectos de la revocación de mandato
Pero uno de los puntos más polémicos es precisamente la flexibilización de las restricciones sobre propaganda gubernamental, lo que ha encendido alertas entre especialistas.
Algunos análisis recientes señalan que estas modificaciones podrían incluso permitir una mayor participación de funcionarios en procesos políticos, algo que antes estaba claramente limitado.
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La revocación de mandato en riesgo
Para Córdova, el problema no es solo técnico, sino de fondo: si el gobierno puede promover su propia permanencia, se rompe el equilibrio democrático.
Y no es una preocupación aislada. Expertos y académicos han advertido que ciertos aspectos del "Plan B" podrían ser incluso contrarios a la Constitución, al invadir competencias o debilitar contrapesos institucionales.
En ese escenario, la revocación de mandato —pensada como un mecanismo ciudadano para evaluar al poder— podría convertirse en un terreno desigual.
Un debate más allá de la ley
El debate no es únicamente jurídico. También es político y social.
La revocación de mandato, en teoría, representa una herramienta de democracia participativa: "el pueblo pone y el pueblo quita". Pero en la práctica, ya ha mostrado tensiones, polarización y acusaciones de propaganda excesiva en procesos anteriores.
Por eso, las advertencias actuales no surgen en el vacío: responden a experiencias recientes.
¿Hacia dónde va la democracia mexicana?
El "Plan B" aún enfrenta discusión y posibles cambios, pero ha logrado algo importante: reabrir el debate sobre los límites del poder y las reglas del juego democrático.
Las palabras de Córdova funcionan como un recordatorio incómodo: las leyes electorales no solo organizan elecciones, también definen qué tan justa puede ser la competencia política.
En ese sentido, la pregunta de fondo no es solo si la reforma avanzará, sino qué tipo de democracia quiere México construir en los próximos años.
