Tras la derrota electoral de Morena en Coahuila, expertos alertan de que este escenario podría cambiar para 2027 y 2030, pues el partido en el poder ha ido tejiendo un andamiaje legal y constitucional diseñado estratégicamente para blindar su movimiento contra futuras derrotas en las urnas y asegurar su permanencia y control territorial.
Dicho entramado incluye las reformas para anular elecciones por injerencia extranjera, por injerencia del crimen organizado, la ampliación en el cargo de magistrados electorales federales y la elección judicial que definió a jueces por "acordeones". Para los expertos, dicho paquete de modificaciones dota al régimen de herramientas sin precedentes para revertir por la vía jurídica aquellos resultados electorales que le resulten adversos.
Explican que podrían anular candidatos desde la revisión antinarco que se haría previamente, anularían elecciones con cualquier pretexto de injerencia extranjera y además tendrían de su lado a los magistrados que tienen la facultad de anular elecciones.
'Existe un proyecto de instaurar una autocracia en México y eliminar la competencia electoral, para dejarla simplemente como una figura decorativa, que haya elecciones, que haya partidos que jueguen la función satélite, sin duda existe esa intención y ese proyecto, pero aún no queda claro si lo están logrando, pues está sujeto a pruebas empíricas y la gran prueba va a ser 2027', puntualizó a EL UNIVERSAL Francisco Valdés Ugalde, doctor en Ciencia Política por la UNAM.
La reforma al artículo 41 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de junio y avalada en un periodo extraordinario, introdujo de forma expresa la "injerencia o intervención extranjera" como una causal explícita para dictar la invalidez y nulidad de comicios federales o locales.
Según la redacción aprobada, cualquier elección podrá ser anulada si se comprueba la intromisión de gobiernos, agencias, medios de comunicación u organizaciones no gubernamentales del exterior que influyan en el resultado.
Tras la publicación de la reforma, la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, reconoció abiertamente en la conferencia matutina que sí se pueden anular elecciones por injerencia extranjera en 2027 bajo este nuevo marco constitucional.
Alcalde Luján sostuvo que la enmienda ya forma parte del texto vigente, por lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría aplicar la nulidad basándose en una interpretación directa de la Constitución, incluso antes de que el Congreso concluya la redacción de las leyes secundarias.
'La reforma es extremadamente ambigua, da un margen de interpretación que cualquiera podría alegar intervención extranjera simplemente porque sopló el viento del norte o del oeste, cosa que es absolutamente ridícula', agregó Valdés Ugalde.
