La Cámara de Diputados aprobó este martes una reforma penal trascendental al ratificar los cambios del Senado a la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. Esta nueva Ley contra Extorsión unifica el criterio a nivel nacional y eleva drásticamente las penas máximas, que ahora podrán alcanzar hasta 42 años de prisión para casos agravados, un endurecimiento histórico en la lucha contra la extorsión.
La aprobación ocurrió con una amplia mayoría de 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención, y el proyecto de decreto ha sido enviado al Ejecutivo Federal para su inmediata publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su posterior entrada en vigor. La iniciativa responde a la urgencia de combatir la impunidad generada por las distintas legislaciones estatales, que dificultaban la persecución efectiva del delito. Datos recientes de seguridad pública señalan que, al cierre de 2024, México acumuló 10,804 víctimas de extorsión.
¿Qué establece la nueva Ley contra Extorsión?
La legislación establece que la pena básica para quien obligue a otro a dar, hacer o tolerar algo a cambio de un beneficio, causando daño patrimonial, moral, físico o psicológico, será de 15 a 25 años de prisión. Sin embargo, la ley establece agravantes específicos que endurecen el castigo.
¿Cuáles son las penas por ciberdelitos y uso de armas?
La nueva Ley contra Extorsión busca atacar las modalidades de mayor impacto social y tecnológico, estableciendo aumentos cruciales en la sentencia:
Extorsión Digital y Ciberdelito: La pena aumentará entre 5 y 12 años de prisión adicionales cuando el delito se cometa utilizando dispositivos, medios o plataformas electrónicas, apuntando directamente a la creciente extorsión telefónica y digital.
Uso de Armas y Delincuencia Organizada: Se impondrá un aumento de 7 a 17 años de prisión si el delito se comete mediante el uso de armas o instrumentos peligrosos, o si afecta directamente la economía de alguna comunidad.
Servidores Públicos: Se aplicará una pena de 10 a 20 años de prisión a los servidores públicos que, con atribuciones en la investigación y persecución de delitos, incurran en la extorsión.
La reforma penal también impacta diversos ordenamientos jurídicos, modificando códigos y leyes clave como el Penal Federal, la Ley Federal Contra La Delincuencia Organizada y la Ley Nacional de Extinción de Dominio, fortaleciendo el marco jurídico del Estado para hacer frente a una de las actividades delictivas con mayor impacto en el país.
