Ser policía en Sinaloa se ha convertido en una sentencia de alto riesgo. Mientras la violencia ligada al crimen organizado se recrudece, las cifras revelan una realidad inquietante: durante la administración de Rubén Rocha Moya, los asesinatos de agentes policiacos se dispararon, dejando a las corporaciones atrapadas en medio de una guerra que parece no dar tregua.
El uniforme ya no solo representa autoridad; para muchos elementos, también significa convertirse en un objetivo.
De acuerdo con registros recientes, entre 2022 y abril de 2026 han sido asesinados 88 policías en Sinaloa. La diferencia es brutal cuando se observa la evolución anual: mientras en 2022 fueron ultimados apenas cuatro agentes, para 2025 la cifra escaló hasta 48 elementos caídos, reflejando un aumento que especialistas consideran alarmante.
Aumento de asesinatos de policías en Sinaloa
La escalada coincide con uno de los periodos más violentos que ha vivido la entidad en años. El recrudecimiento de disputas internas entre facciones del crimen organizado, particularmente dentro del Cártel de Sinaloa, ha generado un ambiente donde los cuerpos policiacos quedan atrapados entre operativos, represalias y zonas bajo control criminal.
Pero el problema no se reduce únicamente a la violencia externa.
Expertos en seguridad han advertido que muchos policías trabajan en condiciones precarias: salarios insuficientes, equipo limitado, jornadas extenuantes y escasa protección institucional. En algunos municipios, patrullar significa hacerlo sin el respaldo suficiente frente a grupos armados mucho mejor organizados y equipados.
Condiciones laborales de los policías
A nivel nacional, el panorama tampoco es alentador. Sinaloa cerró 2025 como el estado con más policías asesinados en todo México, superando a entidades históricamente violentas como Guerrero y Guanajuato. La organización Causa en Común documentó 48 homicidios de agentes en el estado durante ese año, una cifra que refleja la intensidad del conflicto regional.
La pregunta que comienza a hacerse entre especialistas y ciudadanos es incómoda: ¿quién protege a quienes se supone deben proteger?
Consultores en seguridad han señalado que la crisis institucional en Sinaloa requiere más que operativos temporales; exige reconstruir corporaciones debilitadas, mejorar las condiciones laborales y recuperar la confianza pública en autoridades golpeadas por años de violencia y sospechas de infiltración criminal.
Crisis institucional en Sinaloa
Mientras tanto, en las calles sinaloenses, cada patrulla que sale representa una apuesta incierta. Porque en un estado marcado por la violencia, portar una placa puede ser tan peligroso como enfrentarse al crimen mismo.
