En medio de una de las controversias más delicadas de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó clara su postura: la ley no tiene partido.
Al ser cuestionada sobre las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la mandataria fue contundente: actuaría exactamente igual si el señalado perteneciera al PRI, PAN o Movimiento Ciudadano. Su mensaje apunta a una idea central: no habrá protección política para nadie.
¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre Rubén Rocha Moya?
Un caso que escala más allá de México.
El conflicto no es menor. Autoridades de Estados Unidos han señalado a Rocha Moya por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que ha desatado tensiones diplomáticas y una tormenta política dentro del país.
Las acusaciones incluso plantean que actores del crimen organizado habrían influido en procesos electorales, lo que pone en duda la legitimidad institucional en Sinaloa.
Sin embargo, el gobierno mexicano ha respondido con cautela: no hay culpables sin pruebas.
¿Cuál es la postura del gobierno mexicano?
"No vamos a cubrir a nadie", Sheinbaum insistió en que su administración no encubrirá a ningún funcionario, pero también dejó claro que las investigaciones deben sostenerse en evidencia sólida.
En ese sentido, la Fiscalía General de la República será la encargada de revisar cualquier prueba enviada desde el extranjero y determinar si procede una acción legal.
La presidenta también cuestionó la forma en que Estados Unidos ha manejado el caso, sugiriendo que podría haber motivaciones políticas si no se presentan pruebas contundentes.
¿Cómo ha reaccionado la oposición en México?
Mientras tanto, la oposición ha aprovechado el momento. Partidos como el PAN han pedido incluso medidas extremas como la desaparición de poderes en Sinaloa, elevando aún más la tensión en el escenario nacional.
El caso se ha convertido en un punto de choque entre discursos:
Gobierno federal: respeto al debido proceso y soberanía.
Oposición: exigencia de acciones inmediatas.
Estados Unidos: presión internacional.
El dilema de Sheinbaum
Más allá del caso individual, la situación representa una prueba clave para el gobierno de Sheinbaum.
Por un lado, debe sostener su discurso anticorrupción y de justicia imparcial. Por otro, enfrenta el riesgo político de investigar a un gobernador de su propio movimiento.
Su declaración —actuar igual sin importar el partido— busca enviar una señal de equilibrio. Pero en la práctica, el desenlace dependerá de algo más complejo: las pruebas, la presión internacional y la estabilidad política interna.
