La tensión entre el gobierno de Chihuahua y la Fiscalía General de la República (FGR) escaló este lunes luego de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunciara que acudirá al citatorio federal, pero posteriormente presentará una denuncia contra la propia institución por lo que considera un procedimiento irregular.
El conflicto comenzó tras un citatorio emitido por la FGR relacionado con una investigación derivada de un operativo en la Sierra Tarahumara, donde murieron agentes estadounidenses y funcionarios mexicanos en circunstancias todavía bajo investigación. Aunque la mandataria estatal aseguró que cooperará con las autoridades, también afirmó que la Fiscalía habría iniciado un procedimiento penal contra un servidor público con fuero constitucional, algo que calificó como una posible violación legal.
"Voy a comparecer", ha reiterado Campos en distintos posicionamientos públicos, insistiendo en que no tiene intención de evadir el llamado, pero sí de cuestionar el mecanismo utilizado por las autoridades federales. La gobernadora sostiene que el caso tiene un trasfondo político y acusa un trato diferenciado frente a otros expedientes abiertos en el país.
¿Qué declaró Maru Campos sobre el citatorio de la FGR?
El caso ha tomado relevancia nacional porque ocurre en medio de un ambiente político cada vez más polarizado entre gobiernos estatales y la federación. Desde el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista persecución política y aseguró que el citatorio forma parte de "procedimientos de la Fiscalía", negando cualquier intervención del Ejecutivo.
La investigación se relaciona con el polémico operativo en Chihuahua donde presuntamente participaron agentes estadounidenses, un episodio que abrió cuestionamientos sobre cooperación internacional, soberanía nacional y responsabilidades de autoridades locales. Campos ha negado haber autorizado o conocido detalles sobre la presencia de agentes extranjeros en el operativo.
Consecuencias del operativo en la Sierra Tarahumara
Más allá del plano legal, el episodio podría convertirse en una batalla política de largo alcance. Con el calendario electoral de 2027 acercándose, el enfrentamiento entre la gobernadora chihuahuense y autoridades federales amenaza con intensificar el debate sobre justicia, autonomía estatal y uso político de las instituciones.
