La "confiscación" del Gobierno mexicano de una mina y una terminal marítima concesionadas a la empresa estadounidense Vulcan Materials Company pone en riesgo la inversión de Estados Unidos en México, acusó ayer la Cámara de Representantes. Además, impuso sanciones a México, tras acusar una "campaña coordinada" contra Vulcan.
"Estamos ante una campaña coordinada y en múltiples frentes por parte de México contra una empresa de EE.UU., una campaña que socava nuestro progreso diplomático y pone en riesgo todas las inversiones estadounidenses en México", dijo el republicano August Pfluger, principal impulsor de los castigos.
Con 247 votos a favor y 164 en contra, republicanos y demócratas respaldaron la medida frente a la decisión que en 2024 tomó el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador al declarar la terminal marítima Punta Venado y la cantera concesionadas a la empresa Vulcan como Área Natural Protegida (ANP) y que no ha sido modificada por la Administración de Claudia Sheinbaum.
La zona declarada en septiembre de 2024 como ANP es un corredor biológico de 53 mil hectáreas en Quintana Roo que fue nombrado "Felipe Carrillo Puerto".
La zona en litigio con Vulcan abarca solo 2 mil 387 hectáreas del total de la ANP.
El argumento de AMLO para declarar la ANP fue que en la extracción mineral, Vulcan destruyó cenotes y contaminó el acuífero y no podía usar la terminal marítima para exportar el producto a EE.UU.
La empresa acusó que la medida violaba su concesión vigente hasta 2037.
Antes de su decisión, el Gobierno mexicano había expresado su intención de usar la terminal de Punta Venado como un puerto de cruceros o un puerto de carga.
Los representantes estadounidenses aprobaron anticipadamente sanciones contra barcos que usen puertos considerados "confiscados" en el continente americano.
Las sanciones forman parte de la Ley para Defender la Propiedad Estadounidense en el Extranjero, que prohíbe que barcos que pasen por puertos "confiscados" puedan entrar a puertos de EE.UU.
Pfluger afirmó que durante cuatro años se intentó resolver el conflicto de Vulcan y el Gobierno mexicano por la vía diplomática, sin resultados.
Actualmente la mina y el muelle de Punta Venado no están operando.
Desde 2018, Vulcan Materials tiene una demanda contra el Estado mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI), bajo las reglas del antiguo TLCAN buscando compensación por afectar su negocio.
No hay un laudo final hasta ahora, aunque se encuentra en etapas avanzadas de arbitraje.
Además de la mayoría republicana, 41 demócratas apoyaron la medida y acusaron a México de violar acuerdos como el T-MEC.
Durante el debate de ayer en el pleno de la Cámara Baja, los legisladores recordaron que el propio Gobierno mexicano ordenó la entrada en 2023 de marinos mexicanos para tomar control de la terminal marítima y las canteras de Sac-Tun, subsidiaria de Vulcan Materials y conocida antes como Calica.
