En vísperas del Día Internacional de la Mujer (8M), organizaciones feministas y defensoras de derechos reproductivos han puesto sobre la mesa una exigencia clara: eliminar el aborto del Código Penal en México, empezando por la Ciudad de México. La demanda busca terminar definitivamente con la criminalización de mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir un embarazo.
Aunque el país ha avanzado en el reconocimiento de este derecho, las activistas consideran que la legislación aún mantiene contradicciones que siguen generando miedo, estigma y procesos judiciales.
La criminalización del aborto afecta a mujeres en situación de vulnerabilidad.
Un derecho que todavía depende del lugar donde se vive
La Ciudad de México fue pionera en América Latina al permitir el aborto hasta las 12 semanas desde 2007. Sin embargo, para especialistas y colectivos feministas, la existencia del delito de aborto en los códigos penales sigue representar un problema legal y social.
Según defensoras de derechos reproductivos, el acceso al aborto en México todavía depende del "código postal" y de los recursos económicos de cada persona, ya que en muchos lugares del país aún existen obstáculos legales o administrativos para acceder a este servicio.
Esto provoca que muchas mujeres deban viajar a otras entidades para interrumpir su embarazo o recurrir a métodos inseguros.
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Activistas buscan que el aborto se regule en el ámbito de la salud pública.
Criminalización que aún persiste
Las organizaciones advierten que mantener el aborto como delito en las leyes penales mantiene abierta la puerta a la criminalización.
Datos presentados por activistas indican que 63 mujeres permanecen en prisión esperando sentencia por casos relacionados con aborto, y que más de 2,100 denuncias se han registrado entre 2012 y 2025.
Para los colectivos, estas cifras reflejan que la penalización sigue afectando principalmente a mujeres en situación de vulnerabilidad.
La Suprema Corte invalidó sanciones contra el aborto, pero la lucha continúa.
El siguiente paso: sacarlo del Código Penal
La propuesta impulsada por organizaciones feministas no busca eliminar toda regulación sobre el aborto, sino trasladarla al ámbito de la salud pública, donde se garantice el acceso seguro y sin temor a consecuencias legales.
Especialistas señalan que mientras el aborto siga apareciendo en el Código Penal, persistirá el riesgo de que mujeres y personal médico enfrenten procesos legales, incluso en casos donde el procedimiento debería ser legal.
Por ello, activistas han iniciado diálogos con legisladoras del Congreso de la Ciudad de México para impulsar una reforma que elimine definitivamente este delito del marco penal.
Un debate que sigue creciendo
La discusión ocurre en un contexto de cambios importantes en el país. En 2023, la Suprema Corte invalidó las sanciones contra el aborto en el Código Penal Federal, marcando un precedente histórico en materia de derechos reproductivos.
Aun así, la armonización de las leyes en todo el país sigue siendo desigual, y colectivos feministas consideran que la lucha aún no termina.
Con el 8M como escenario, las activistas buscan que la discusión avance hacia una legislación que garantice plenamente el derecho a decidir, sin miedo, estigmas ni persecución legal.
