Al menos 22 familias que adquirieron terrenos en la colonia Occidental denunciaron sentirse abandonadas por los abogados que llevaban su defensa legal, luego de que, aseguran, dejaron de responder llamadas, mensajes y solicitudes de información relacionadas con los contratos de compraventa y los amparos promovidos para evitar un nuevo desalojo.
María Escobedo y Obdulia Cisneros Noriega, en representación de los afectados, señalaron que desde hace semanas han intentado contactar al abogado Efraín Hernández y a su equipo jurídico, sin obtener respuesta. Indicaron que la única comunicación reciente fue a través de una asistente, quien les informó que los abogados acudirían posteriormente al caso, pero que mientras tanto nadie debía ingresar a los terrenos para evitar problemas legales.
Las vecinas explicaron que durante esa comunicación también se les informó que los contratos de compraventa no tendrían validez, situación que incrementó la incertidumbre entre las familias que invirtieron sus recursos en la adquisición de los predios ubicados sobre el Antiguo Camino a Pozuelos.
Los afectados recordaron que el conflicto se originó tras la venta de los terrenos por parte de una persona identificada como "Chencho", quien posteriormente reconoció que los predios pertenecían a un tercero. Desde entonces, aseguran, el proceso legal ha permanecido estancado y sin información clara para quienes compraron de buena fe.
Asimismo, señalaron que el abogado Efraín Hernández y su despacho los apoyaron inicialmente cuando se registraron intentos de desalojo, ocurridos a partir del 3 de mayo de 2025, sin embargo, afirman que posteriormente dejaron de acudir a reuniones y de informar sobre el avance de los procedimientos.
María Escobedo aseguró que realizó transferencias bancarias directamente a una de las integrantes del equipo jurídico para cubrir los costos de los contratos y de los amparos que supuestamente serían promovidos a favor de cada familia, dando un total de 180 mil pesos. No obstante, al solicitar explicaciones sobre la situación jurídica y la devolución de los recursos ante la presunta invalidez de los documentos, dijo no haber obtenido respuesta.
Los vecinos manifestaron además su preocupación luego de que, a través de una revisión realizada por un abogado particular, fueron informados de que el amparo que los protegía habría quedado sin efectos, lo que temen pueda abrir la puerta a un nuevo intento de desalojo.
A la incertidumbre jurídica se suma, señalaron, la posibilidad de que se les exija realizar nuevos pagos para conservar los terrenos, pues afirman que en reuniones previas se les planteó que el costo de los predios podría incrementarse considerablemente respecto al precio originalmente pactado.
"Estamos todos en el aire, no tenemos nada seguro. Sentimos que nos dejaron solos y nadie nos da una explicación de qué va a pasar con nuestras propiedades", expresaron las afectadas.
