La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) en Frontera mantiene abiertas dos investigaciones por casos de bullying escolar que derivaron en afectaciones físicas y psicológicas para menores de edad, informó la subprocuradora Norma Leija.
La funcionaria explicó que ambos expedientes fueron iniciados luego de que madres de familia acudieron a solicitar asesoría y atención debido a situaciones de violencia entre estudiantes en distintos planteles educativos.
Uno de los casos llamó especialmente la atención porque la agresión trascendió los límites de la escuela. De acuerdo con el testimonio presentado ante la dependencia, un grupo de menores acudió hasta el domicilio, en la colonia Borja de Frontera, de una niña para golpearla, luego de una serie de conflictos que habían comenzado dentro del plantel educativo.
"Tomamos conocimiento de la situación, se abrió la carpeta correspondiente y se están realizando las diligencias. Las niñas involucradas resultaron afectadas tanto psicológica como físicamente a raíz de esta problemática", señaló.
Según la información proporcionada por las familias, los hechos se desarrollaron en un periodo aproximado de entre una semana y diez días. Aunque las agresiones físicas ocurrieron fuera de la escuela, la menor afectada manifestó que durante los recreos continuaban las conductas de hostigamiento por parte de la presunta agresora.
Norma Leija indicó que, de acuerdo con lo expresado por la madre de familia, el personal docente y directivo del plantel realizó las acciones correspondientes al tener conocimiento del conflicto; sin embargo, la situación escaló hasta llegar al domicilio de la estudiante.
Como parte de la intervención de Pronnif, se elaboró un convenio de compromiso con la familia de la menor afectada y se realizó su canalización al Centro de Atención Psicológica de Frontera, donde recibirá acompañamiento profesional para atender las secuelas emocionales derivadas de los hechos.
En cuanto a las posibles consecuencias legales, la coordinadora explicó que, tratándose de menores de edad, inicialmente se trabaja con las familias para informarles sobre sus derechos y obligaciones. No obstante, cuando los involucrados tienen 12 años o más, los casos pueden ser canalizados al Ministerio Público Especializado en Adolescentes para que se determine el procedimiento correspondiente conforme a la legislación vigente.
La funcionaria hizo un llamado a madres y padres de familia para reportar de manera oportuna cualquier situación de violencia escolar, a fin de intervenir antes de que los conflictos escalen y pongan en riesgo la integridad de los menores.
