El supuesto embarazo de una menor de 16 años, presuntamente derivado de abuso y maltratos dentro del anexo 'Renacer una Nueva Vida', provocó un operativo de seguridad que culminó con la liberación de 45 internos la noche del jueves.
Ayer, familiares de los afectados acudieron a la Fiscalía del Estado para interponer denuncias formales por los presuntos abusos que, aseguran, sufrían sus seres queridos mientras permanecían internados en el centro de rehabilitación, ubicado sobre la calle Abasolo, en la Zona Centro.
Los denunciantes exigieron a las autoridades investigar a fondo y castigar a los responsables, incluyendo al propietario del anexo y a los llamados 'padrinos', a quienes señalan de ejercer maltratos físicos y psicológicos. De acuerdo con los testimonios, la intervención de las autoridades se originó tras una denuncia por abusos al interior del lugar.
Entre los casos más graves destaca el de una adolescente que presuntamente fue víctima de abuso sexual, situación que derivó en un embarazo. Asimismo, señalaron que existe otra menor que presentaba sangrado vaginal hasta el día de ayer, lo que incrementa la preocupación sobre las condiciones en que operaba el centro.
Durante su presencia en la Fiscalía, los familiares denunciaron que representantes del anexo intentaron persuadirlos para no proceder legalmente, ofreciéndoles dinero, propuesta que fue rechazada. También relataron que, tras el operativo, varios internos fueron enviados a sus hogares en condiciones precarias; algunos llegaron descalzos, sin camisa y trasladados en taxi.
Otro de los señalamientos indica que las comidas eran grabadas en video como evidencia para los familiares, pero posteriormente eran retiradas, lo que evidenciaría posibles engaños sobre la atención que recibían los internos. Los afectados manifestaron inconformidad al señalar que, al intentar formalizar sus denuncias, se les indicó que sin acusaciones consideradas graves no procederían.
Finalmente, denunciaron que el personal del anexo insistió en que retiraran las acusaciones, ofreciendo atención médica privada, apoyo psicológico y compensación económica, lo cual también fue rechazado. Los familiares reiteraron su exigencia de justicia y pidieron que las autoridades actúen para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
