MONCLOVA, COAH.– La nueva ruta legal para la venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) ya está en marcha, pero la fecha exacta de la subasta todavía no está definida. Lo que sí quedó establecido en los documentos judiciales es que el procedimiento arrancaría con una base cercana a los 1,127 millones de dólares, equivalente al 85 por ciento del avalúo conjunto de ambas empresas, fijado en 1,326 millones de dólares, en lo que perfila como la operación más grande en la historia reciente del conflicto siderúrgico de la Región Centro de Coahuila.
La jueza Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles puso ya a la vista de las partes la propuesta del síndico por un plazo de 10 días, periodo en el que acreedores, comerciantes e interventores legitimados podrán manifestar por escrito su desacuerdo. El propio acuerdo es claro: si ese plazo transcurre sin oposición legal suficiente, el juez ordenará al síndico proceder a la enajenación en los términos planteados, lo que abre la puerta formal al siguiente paso: emitir la convocatoria y fijar la fecha para la audiencia pública de recepción de posturas.
Proceso de subasta y tiempos estimados
Sin embargo, la subasta no sería inmediata. De acuerdo con las bases propuestas por la sindicatura, una vez que el Juzgado autorice en definitiva el procedimiento especial de venta, el síndico tendrá hasta 10 días naturales para publicar la convocatoria. A partir de esa autorización judicial, la audiencia de recepción de posturas no deberá celebrarse después de 60 días naturales, aunque el propio documento prevé que ese plazo puede prorrogarse hasta un máximo de 90 días naturales si el Juzgado lo permite por la complejidad técnica, financiera y operativa del caso.
Traducido a tiempos reales, el escenario más optimista sería este: 10 días de vista judicial + resolución de la jueza + hasta 10 días para publicar convocatoria + hasta 60 días para la audiencia, por lo que la fecha de subasta podría conocerse y quedar programada en aproximadamente 70 días naturales después de la autorización definitiva, aunque en la práctica, si hay impugnaciones, ajustes o prórroga, el proceso podría irse hasta 100 días o incluso más. Es decir, si todo camina sin tropiezos, la audiencia de posturas podría perfilarse para finales de junio o julio; si se complica, podría empujarse hacia julio o incluso agosto. Ese es hoy el dato real: hay ruta, hay monto, pero todavía no hay fecha firme.
Detalles del nuevo esquema de venta
El dato más explosivo del nuevo esquema es que la venta no partiría del 100 por ciento del avalúo, sino del 85 por ciento como valor mínimo de referencia, lo que coloca el piso de arranque en 1,127.3 millones de dólares. Aun así, el síndico propuso un modelo flexible: sí podrán recibirse ofertas por debajo de ese umbral, pero esas posturas no obligarán a los acreedores garantizados a liberar sus garantías. En otras palabras, aunque haya interesados, si la oferta más alta no alcanza el mínimo o no logra el consentimiento de los acreedores con derechos preferentes, la subasta puede declararse desierta. Ese riesgo sigue vivo y es uno de los puntos más delicados del nuevo procedimiento.
Pese a ello, la sindicatura empujó este nuevo modelo bajo un argumento central: dar más tiempo, reglas más flexibles y requisitos simplificados para atraer postores nacionales e internacionales, elevar la competencia y evitar un nuevo fracaso. El propio escrito sostiene que se trata de un procedimiento con "plazos más amplios" para maximizar la concurrencia de inversionistas serios, en un intento por rescatar valor para la masa concursal y, sobre todo, priorizar el pago a trabajadores y la reactivación industrial en Coahuila.
Además, el plan de venta contempla que, una vez adjudicada la operación y recibido el pago, los trabajadores sean los primeros en cobrar, mediante un fideicomiso diseñado para dispersar prioritariamente los créditos laborales preferentes, antes que otros acreedores. Esa parte del documento fortalece el discurso social y económico del proceso: la venta no solo busca deshacerse de activos, sino intentar una salida ordenada que permita recuperar parte de lo perdido y sostener la posibilidad de reactivación de una industria que durante años fue columna vertebral de Monclova y la Región Centro.
