Aunque el nombre de Alonso Ancira Elizondo, expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA), aparece mencionado en los acuerdos recientes del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, la autoridad dejó claro que Ancira no forma parte procesal del procedimiento, ni tiene calidad de acreedor o interesado reconocido en el concurso de la acerera.
Esta precisión surge luego de que su apoderado legal, Gabriel Reyes Orona, presentara escritos ante el juzgado en noviembre de 2025, buscando intervenir en el proceso que atraviesa AHMSA en su etapa de quiebra.
En el acuerdo contenido en el expediente del 19 de noviembre, el juzgado establece que Reyes Orona sí fue reconocido previamente como apoderado legal de Ancira; sin embargo, reiteró que su representado no cuenta con personalidad jurídica dentro del concurso mercantil, al no estar considerado como acreedor ni como parte afectada en la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos.
La jueza Ruth Haggi Huerta García precisó que Ancira no tiene derecho a intervenir en las decisiones, promociones, objeciones o solicitudes relacionadas con la quiebra de AHMSA, pues la ley sólo permite participar a comerciantes, acreedores reconocidos, el síndico y los interventores cuando cumplen ciertos criterios establecidos en la Ley de Concursos Mercantiles.
Los escritos presentados por Reyes Orona —identificados con los folios 33745 y 33746— fueron integrados al expediente únicamente para constancia administrativa, pero sin generar ningún efecto jurídico dentro del procedimiento.
El juzgado fue explícito: al no tener Ancira calidad procesal, sus solicitudes o manifestaciones no pueden influir en la toma de decisiones del concurso, incluido el proceso de venta de activos o cualquier determinación sobre la masa concursal.
Este pronunciamiento ocurre mientras AHMSA atraviesa una de las fases más delicadas del concurso mercantil: la enajenación de bienes para cubrir deudas con acreedores laborales, financieros y comerciales.
El mismo acuerdo analizado autorizó la venta de maquinaria en Reynolds, Indiana, por 5 millones de dólares, una operación considerada clave para dar liquidez al proceso y atender prioridades marcadas por la ley.
A lo largo de esta etapa, cada intervención o intento de influencia externa es evaluado con rigor, pues el objetivo del juzgado es garantizar transparencia, máxima recuperación de valor y protección a los acreedores reconocidos.
La resolución confirma que el concurso mercantil continúa encaminado con los actores jurídicos reconocidos por la ley, sin intervención directa o indirecta de Ancira.
Para los acreedores, trabajadores y la comunidad de la Región Centro, este pronunciamiento aporta claridad en un proceso cargado de expectativas, donde cada decisión incide en el futuro de una de las empresas más emblemáticas de Coahuila.
