MOSCÚ — Un tribunal militar ruso condenó el jueves a 18 años de prisión a un refugiado ucraniano, quien había obtenido la ciudadanía rusa, tras hallarlo culpable de alta traición y de planear un ataque contra un edificio administrativo.
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia informó a través de su portal oficial que la sentencia contra Andréi Lazarenko incluye el cumplimiento de los primeros cinco años en un régimen carcelario estricto. El resto de la condena se llevará a cabo en una colonia penitenciaria de alta seguridad, según el reporte del organismo de inteligencia.
Detalles del arresto y cargos de terrorismo
Las autoridades rusas detuvieron a Lazarenko tras una investigación del Comité de Instrucción del FSB en la república de Mordovia. Según el informe oficial, el acusado fue procesado por intento de atentado terrorista y alta traición al Estado.
En el momento de su detención, los agentes de seguridad incautaron cuatro cócteles molotov. Además, la fiscalía presentó como evidencia una serie de mensajes de la red Telegram, donde presuntamente Lazarenko mantenía comunicación con "patrocinadores" para coordinar el ataque incendiario.
Represión y justicia en el contexto del conflicto
Este veredicto se suma a una serie de sentencias severas que el sistema judicial ruso ha emitido contra ciudadanos con vínculos ucranianos o activistas que se oponen a la política del Kremlin. Organizaciones internacionales han señalado que los cargos de "alta traición" se han vuelto frecuentes para silenciar la disidencia desde el inicio de las hostilidades en 2022.
El caso de Lazarenko resalta la situación de los refugiados ucranianos que, tras ser acogidos por Rusia y recibir la ciudadanía, enfrentan vigilancia extrema por parte de las fuerzas de seguridad locales bajo sospechas de colaboración con fuerzas extranjeras.
Situación de los detenidos en Rusia
De acuerdo con datos de grupos de derechos humanos, las condenas por traición en territorio ruso suelen conllevar penas que oscilan entre los 12 y los 20 años de cárcel. En este caso, el tribunal aplicó una de las penas más altas dentro del rango estipulado para intentos de ataques contra infraestructura gubernamental.
Hasta el momento, la defensa del sentenciado no ha emitido comentarios sobre una posible apelación, mientras que el gobierno ucraniano no ha realizado declaraciones oficiales sobre la situación legal de este ciudadano con doble nacionalidad.
