El presidente estatal de la Asociación Nacional de Padres de Familia advirtió que el Colegio Guadalupe Victoria de Monclova podría incurrir en responsabilidad legal por no denunciar hechos que afectan a menores. Esto, luego de las declaraciones de exempleadas del plantel, quienes denunciaron no solo despidos arbitrarios, sino también la presunta prohibición de reportar casos de bullying y violencia emocional infantil.
En entrevista con La Voz, Javier Castillo, presidente estatal de la asociación, afirmó que, de comprobarse que directivos o autoridades religiosas del colegio impidieron canalizar estos casos ante las instancias correspondientes, estarían incurriendo en un delito grave por omisión y encubrimiento. "No es cuestión de religión ni de reglamentos internos, es un asunto de ley. Si se dieron cuenta de una situación que ponía en riesgo a un alumno y no la reportaron, están incurriendo en una falta que puede ser sancionada por una autoridad ministerial", declaró.
Castillo recordó que cualquier institución educativa, pública o privada, está legalmente obligada a dar parte a las autoridades correspondientes cuando tiene conocimiento de situaciones como acoso escolar, maltrato o vulnerabilidad emocional de sus estudiantes. En este caso, según los testimonios, dos situaciones delicadas fueron detectadas por el equipo docente, pero la madre superiora habría impedido su reporte ante instancias como la PRONNIF.
"No pueden anteponer el prestigio de la institución sobre la salud de los alumnos. La prioridad en cualquier plantel deben ser primero los niños, luego los maestros. Las escuelas deben garantizar un entorno sano, seguro y legal", insistió el dirigente.
Además, Castillo enfatizó que, una vez que las denuncias se hacen públicas a través de medios de comunicación o redes sociales, la autoridad educativa estatal está obligada a investigar. "Con que se publique en un periódico o se mencione en redes, la Secretaría debe actuar de oficio, pedir informes y verificar qué está ocurriendo en ese plantel", explicó.
Por último, hizo un llamado a los padres de familia del Colegio Guadalupe Victoria a organizarse y activar su representación interna, ya que cada institución debe contar con una sociedad de padres registrada ante la Secretaría de Educación, la cual puede solicitar auditorías, proteger a los alumnos y actuar como vigilante de que no se violen sus derechos.
Hasta ahora, el colegio no ha emitido postura oficial ni ha respondido públicamente a las declaraciones de docentes o padres de familia.
