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Coahuila

PRONNIF descarta omisión familiar en caso de Omar "N"

La Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en Coahuila advierte que los adolescentes pueden ser imputables ante la ley. Esta alerta busca concientizar a los padres sobre la responsabilidad legal de sus hijos.

Por Diana Ortiz - 29 octubre, 2026 - 07:54 p.m.
PRONNIF descarta omisión familiar en caso de Omar N
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      Ante conductas constitutivas de delito cometidas por menores de edad, la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en la región Centro alertó a la ciudadanía que los adolescentes de entre 12 y 17 años son legalmente imputables y pueden enfrentar consecuencias severas ante la ley.

       

      Martha Herrera, delegada de la dependencia en la región, explicó que cuando un adolescente incurre en actos delictivos y se interviene en primera instancia por seguridad pública, los implicados son puestos inmediatamente a disposición del Ministerio Público especializado en Adolescentes. Señaló que al existir una denuncia formal, los procedimientos avanzan por la vía judicial en su contra.

      La funcionaria enfatizó que existe una falsa creencia entre los padres de familia de que a los menores de edad "no les pasa nada" por el hecho de ser jóvenes, situación que descartó categóricamente al puntualizar que sí pueden ser considerados penalmente responsables. Incluso, destacó que en determinados casos y conforme a la Ley del Sistema Nacional para Justicia de Adolescentes, los jueces pueden dictar medidas cautelares severas como la prisión preventiva.

      Herrera indicó que el rol de la Procuraduría dentro de los procesos judiciales penales consiste en coadyuvar y vigilar estrictamente que durante todas las etapas del procedimiento se respeten y garanticen los derechos humanos fundamentales de los adolescentes involucrados.

      Finalmente, la delegada hizo un llamado enérgico a los padres de familia para extremar la supervisión sobre las conductas de sus hijos, recordando que la responsabilidad legal y social recae directamente en el núcleo familiar para prevenir conductas de riesgo que deriven en consecuencias penales irreversibles.

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