La Comisión de Derechos Humanos informó que, aunque no tiene competencia para atender quejas de carácter electoral, sí se mantendrá en calidad de observadora para verificar que las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios puedan ejercer su derecho al voto durante el próximo proceso.
El representante del organismo Luis Ángel San Miguel Garza, explicó que la materia electoral y jurisdiccional no forma parte de sus facultades, por lo que no pueden intervenir de manera directa en una inconformidad relacionada con la votación al interior de los penales. Sin embargo, aclaró que sí pueden estar atentos ante cualquier incidencia que pudiera presentarse.
Señaló que, en caso de detectarse alguna irregularidad, la Comisión puede canalizar el asunto ante la autoridad competente, dependiendo de la naturaleza del problema. Añadió que tienen conocimiento de que se brindará esta oportunidad a los internos, por lo que estarán pendientes de que realmente se respete ese derecho.
El funcionario recordó que las personas privadas de la libertad únicamente están restringidas en su derecho al libre tránsito, pero no necesariamente en el resto de sus derechos fundamentales, incluidos los político-electorales, particularmente en el caso de quienes aún no han sido sentenciados. Finalmente, advirtió que si se les negara la posibilidad de votar, se trataría de una afectación a sus derechos político-electorales, aunque insistió en que cualquier controversia en esa materia deberá ser atendida por las autoridades electorales, ya que existen órganos especializados para garantizar ese tipo de derechos.
