La audiencia de formulación de imputación en contra del ex agente del Ministerio Público Edgar Abdel N., señalado por el delito de cohecho, quedó sin efecto luego de que las partes acordaran explorar una salida alterna dentro del sistema de justicia penal, por lo que el caso fue canalizado al área de mediación de la Fiscalía.
Durante la diligencia, el abogado defensor Jesús Guerrero argumentó que no era procedente llevar a cabo la audiencia en la fecha programada, al considerar que correspondía a días inhábiles, conforme a lo establecido en el Código. Aunque el juez sostuvo un criterio distinto, finalmente se optó por privilegiar los mecanismos alternativos de solución de controversias, dejando sin definir una nueva fecha para la audiencia.
El defensor explicó que la intención es evitar que el asunto avance a un proceso judicial, siempre y cuando se logre un acuerdo entre las partes. Detalló que la parte denunciante reclama una cantidad de 250 mil pesos, monto que presuntamente habría sido solicitado por el ex funcionario, cifra que será analizada durante los próximos días en los acercamientos correspondientes.
Este caso se originó hace aproximadamente cuatro meses, cuando dos mujeres denunciaron públicamente al entonces Ministerio Público, a quien señalaron de haberles solicitado 250 mil pesos a cambio de modificar el curso del proceso penal de sus hijos. Pese a ello, los jóvenes fueron finalmente sentenciados a 100 años de prisión, lo que detonó la denuncia formal en su contra.
Cabe recordar que en el mes de octubre, Edgar Abdel N. renunció a su cargo como agente del Ministerio Público, y actualmente enfrenta este procedimiento por el delito de cohecho. No obstante, con el objetivo de poner fin al señalamiento penal, el asunto fue turnado a la Fiscalía, en su área de mediación, donde se busca llegar a un acuerdo reparatorio, conforme a lo que permite el sistema penal acusatorio.
Finalmente, se precisó que la legislación vigente contempla la posibilidad de resolver este tipo de delitos mediante salidas alternas, incluso sin que exista una sentencia condenatoria, al priorizar la reparación del daño y los acuerdos legales entre las partes involucradas.
