Tras la autorización de una nueva prórroga en el proceso de subasta de Altos Hornos de México, empresarios de la región Centro señalaron que era algo que se temía, el que se dieran largas al proceso sin una solución, lo que sigue afectando de manera directa a las familias de los trabajadores.
Eugenio Williamson Yribarren, ex presidente de la CMIC, señaló que desde hace meses se advertía el riesgo de que el proceso se siguiera postergando debido a la complejidad financiera y legal de la empresa, situación que ahora se confirma con la prórroga que se autorizó. "La prórroga era algo que se temía, es un tema muy complicado, con deudas al gobierno federal, a CFE, al SAT, a proveedores y a los propios trabajadores, además de tratarse de una empresa quebrada, por lo que todo esto presta para que se siguiera pateando el bote y se alargara este proceso".
Lamentó que esta decisión llegue después de que los trabajadores tuvieran la expectativa de que se diera una solución a finales del año pasado o recibir algún ingreso, por lo que lo consideró una acción insensible desde el punto de vista social. "Es una injusticia para los trabajadores, en diciembre muchos tenían la ilusión de recibir al menos algo de recurso y ahora se vuelve a alargar el proceso, afectando directamente a sus familias".
Williamson advirtió que existe la posibilidad de que el tema continúe prorrogándose, por lo que llamó a que se ponga fin a esta práctica y se priorice una resolución definitiva que permita cerrar el conflicto en el menor tiempo posible.
Asimismo, recalcó que el caso AHMSA es un asunto de competencia federal, por lo que exhortó a diputados y senadores a involucrarse de manera directa y a realizar las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes. "Los representantes federales deben cabildear con la juez y con el síndico para que este tema se resuelva, la Presidenta de la República ha manifestado públicamente que este asunto es una prioridad, y ese compromiso debe reflejarse en hechos".
El ex dirigente de la CMIC insistió que la solución debe darse con un enfoque de justicia social, evitando mayores afectaciones a los trabajadores y a la economía de la Región Centro.
