Exobreros de AHMSA buscan amparo contra Ley Concursal en Coahuila

El abogado Héctor Garza planteó que un grupo de exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) solicite el apoyo de la Defensoría Pública para promover un amparo contra disposiciones de la Ley Concursal que, según su planteamiento jurídico, limitarían el pago de sus créditos laborales.

Garza explicó que los trabajadores no están conformes con el tratamiento que reciben sus créditos dentro del concurso mercantil de AHMSA, debido a que una parte de sus derechos laborales está garantizada, mientras que otra queda dentro del conjunto de créditos comunes.

La propuesta consiste en promover un amparo contra leyes para impugnar la constitucionalidad de los artículos 214 y 225 de la Ley Concursal, a partir de su primera aplicación al caso de los trabajadores.

El objetivo es que, si un juez determina la inconstitucionalidad de esas disposiciones, más de 14 mil trabajadores puedan acceder al pago total de las indemnizaciones que les correspondan.

Garza sostuvo que los trabajadores no provocaron la situación financiera de AHMSA y cuestionó que reciban un trato menor frente a empresas y acreedores con créditos garantizados, entre ellos Afirme, Cargill, Pemex Transformación y Caterpillar.

De acuerdo con la estimación expuesta por el abogado, los trabajadores recibirían alrededor de 40 % del monto correspondiente a su terminación laboral, mientras que el resto quedaría sujeto al pago de los créditos comunes.

La propuesta jurídica contempla argumentar una posible vulneración de principios constitucionales, entre ellos el principio pro persona, la protección a personas en situación de vulnerabilidad, el mínimo vital y la protección de la familia.

También plantea considerar la situación de los menores de edad que forman parte de las familias de los trabajadores, así como los créditos alimenticios.

Garza señaló que la eventual promoción del amparo no impediría la subasta de AHMSA, debido a que esta continuaría con base en el valor de la empresa.

Sin embargo, explicó que el procedimiento podría incidir en la dispersión de los recursos destinados al pago de los trabajadores. En ese escenario, una parte de los recursos podría permanecer reservada mientras se resuelven los amparos o los procesos pendientes, dentro de las facultades de administración del síndico.

La propuesta será presentada ante la Defensoría Pública para que analice el caso y determine si procede promover el amparo en defensa de los trabajadores.

Garza consideró que la institución cuenta con atribuciones para defender los derechos humanos y colectivos, por lo que llamó a sus integrantes a estudiar la alternativa jurídica.

En caso de que se determine la primera aplicación de las disposiciones impugnadas, el plazo para promover el amparo sería de 15 días a partir de la determinación correspondiente de la jueza sobre la apelación y garantía de los créditos.

El recurso se presentaría ante un juez de distrito y, eventualmente, el asunto podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De acuerdo con la estimación planteada por Garza, una resolución podría tardar entre tres y cinco meses, aunque consideró que el procedimiento debería resolverse con celeridad.

Mientras se resuelve el amparo, los trabajadores recibirían la parte de sus créditos que corresponda conforme al procedimiento vigente, mientras que la porción restante permanecería pendiente de pago.

Si el amparo prospera y se declara la inconstitucionalidad de los artículos impugnados, los trabajadores podrían acceder al pago total de las indemnizaciones reclamadas.

El abogado informó que ya se envía una carta de apoyo al grupo encabezado por Julián, con el objetivo de que la propuesta sea llevada al Instituto de la Defensoría Pública para su análisis y eventual respuesta a los trabajadores.