La subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), programada para el próximo 30 de enero de 2026, quedó en un escenario de incertidumbre jurídica, luego de que el Juzgado del Concurso Mercantil concediera una prórroga de 30 días al síndico encargado del proceso de venta.
De acuerdo con información expuesta por Héctor Garza, representante de Grupo Ónix Consultores & Abogados, la prórroga fue otorgada el 6 de enero de 2026 dentro del Concurso Mercantil de AHMSA y MINOSA, con el objetivo de continuar con la instrumentación del procedimiento de venta, aunque bajo condiciones estrictas impuestas por la autoridad judicial.
Garza fue enfático al señalar que no se trata de una prórroga libre ni automática, ya que el Juzgado la concedió con plazos, obligaciones específicas y sanciones en caso de incumplimiento.
Entre los puntos autorizados se encuentra una prórroga de 30 días naturales, contados a partir de la notificación del acuerdo, cuyo propósito es ordenar el procedimiento y otorgar certeza jurídica a una operación considerada de alto impacto económico, social y laboral para la región Centro de Coahuila.
Sin embargo, el Juzgado no tuvo por cumplido el requerimiento previo, ni resolvió la determinación líquida de los créditos laborales preferentes, los cuales permanecen expresamente pendientes dentro del proceso.
El acuerdo judicial ordena al síndico:
· Presentar, en un plazo de tres días, un calendario detallado del procedimiento de venta, quedando sin efecto el calendario modificado por el Juzgado en el auto del 31 de diciembre de 2025.
· Exhibir las bases definitivas de la subasta, ajustadas a criterios de "piso parejo", dentro del plazo total de la prórroga.
· Cumplir con la difusión pública obligatoria del proceso.
· Atender la intervención de la PROFEDET, en lo relativo a los créditos laborales de los trabajadores.
En caso de no cumplir con cualquiera de estos puntos, el acuerdo prevé una multa de 500 UMA, además del riesgo de nuevos retrasos y cuestionamientos legales que podrían comprometer la validez del procedimiento.
Según explicó Héctor Garza, la subasta no está cancelada, pero queda condicionada al cumplimiento total de los requerimientos judiciales. Sin calendario aprobado, bases definitivas y publicidad adecuada, no puede celebrarse una subasta válida.
Desde la óptica de Grupo Ónix Consultores & Abogados, esta determinación judicial no busca retrasar el proceso, sino evitar improvisaciones y blindar jurídicamente una operación de gran trascendencia. No obstante, el despacho considera que el argumento relacionado con el silencio de la PROFEDET respecto a los créditos laborales no debería ser un obstáculo para que se lleve a cabo la audiencia prevista para el 30 de enero de 2026.
Garza aseguró que continuarán dando seguimiento puntual al proceso, informando con seriedad, datos verificables y sustento legal, ante la relevancia que este caso representa para miles de familias y para el futuro económico de la región.
