Monclova, Coahuila. — En una resolución considerada histórica para la Región Centro, un juez penal dictó una sentencia de 100 años de prisión contra Carlos Antonio y Víctor, encontrados culpables del delito de secuestro agravado cometido en 2023. La decisión judicial se da tras más de dos años de proceso y se suma a una serie de controversias que rodearon el caso, incluyendo acusaciones de corrupción contra un agente del Ministerio Público.
Durante la audiencia, el juez impuso además una multa de 1.6 millones de pesos a cada uno de los condenados, que deberá cubrirse independientemente de la pena de prisión. La Fiscalía General del Estado estuvo representada por la agente del Ministerio Público Sofía Martínez y el licenciado Alejandro Reyes, bajo la coordinación del delegado regional de la Fiscalía, Miguel Ángel, quien destacó el resultado como un avance en la procuración de justicia.
"Esta sentencia representa el cumplimiento de nuestro deber como autoridad. Es fruto del trabajo profesional de todos los colaboradores de la Fiscalía y refleja el compromiso por fortalecer la confianza ciudadana", expresó el delegado.
¿Cuál es la reacción de los involucrados?
Sin embargo, el fallo ocurre un mes después de que familiares de los ahora sentenciados se manifestaran públicamente en contra del agente del Ministerio Público Edgar Abdel Garza Lozano, a quien acusaron de solicitar dinero a cambio de modificar la sentencia.
Las madres de los condenados aseguraron que el supuesto secuestro ocurrió el 26 de abril de 2023, cuando sus hijos convivían con el denunciante Carlos Roberto García Medina, quien más tarde los acusó de haberlo privado de la libertad. De acuerdo con sus testimonios, el denunciante regresó esa misma madrugada a su domicilio, y pese a ello el caso derivó en cargos formales por secuestro.
Las mujeres insistieron en que el proceso carece de pruebas sólidas, pues —según sus declaraciones— existen testigos que afirman que los jóvenes únicamente convivían y consumían alcohol dentro de una camioneta. También denunciaron que sus hijos llevaron más de dos años y medio recluidos en el Cereso sin sentencia definitiva, hasta la resolución emitida esta semana.
¿Qué irregularidades se denunciaron durante el proceso?
Durante su manifestación, las madres señalaron que el funcionario Edgar Abdel Garza Lozano habría solicitado inicialmente 250 mil pesos por cada acusado, posteriormente reduciendo y variando las cifras hasta los 400 mil pesos, con la supuesta promesa de influir en la sentencia.
