Ante la propuesta de reforma para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales, Mario Coria, a nombre de la Coparmex y sus 71 centros empresariales en el país, manifestó que el sector privado no se opone al cambio, pero exige que se realice bajo un esquema de gradualidad. El objetivo primordial de esta postura es proteger la operatividad de las pequeñas y medianas empresas, que representan el grueso de la economía nacional.
La propuesta técnica presentada por la Coparmex sugiere un periodo de transición de cuatro años para la implementación total de la reforma. Según detalló Coria, el esquema ideal consistiría en reducir la jornada a razón de dos horas por año. Este ritmo permitiría a los centros de trabajo ajustar sus procesos de producción, nóminas y turnos sin sufrir choques financieros inmediatos que pudieran derivar en recortes de personal o cierres definitivos.
"Es fundamental que las empresas nos podamos ir aclimatando al nuevo esquema", explicó el representante, señalando que una implementación abrupta tendría un impacto negativo en la competitividad. Al establecer un plazo de cuatro años, el sector empresarial propone realizar evaluaciones intermedias a los dos años de iniciado el proceso, con el fin de medir el impacto real en la productividad y realizar los ajustes necesarios antes de completar la transición.
Coria concluyó que, si bien la calidad de vida de los trabajadores es una prioridad, cualquier cambio legislativo en materia laboral debe ir acompañado de una visión realista sobre la capacidad de adaptación de los negocios. Para el líder empresarial, la gradualidad es el único camino para asegurar que la reducción de la jornada laboral se traduzca en un beneficio social real sin desestabilizar la economía de las familias que dependen de la supervivencia de las empresas.
