Monclova, Coahuila.– El empresario hotelero Armando de la Garza denunció haber sido víctima de acoso y terrorismo telefónico por parte de despachos de cobranza, una práctica que calificó como ilegal, antiética y cada vez más frecuente, incluso contra personas que no mantienen ningún adeudo.
De acuerdo con su testimonio, las llamadas se realizaron de manera insistente, a cualquier hora del día, mediante grabaciones y con lenguaje altisonante, afectando tanto líneas de negocio como teléfonos particulares. Señaló que el simple hecho de contestar una llamada y reconocer que se conoce a la persona buscada es suficiente para que el hostigamiento se intensifique.
"Aunque no debas absolutamente nada, si respondes y dices que conoces a la persona, se extiende un acoso telefónico impresionante, con amenazas veladas y palabras ofensivas. Es una práctica totalmente ilegal", afirmó el empresario.
Ante esta situación, Armando de la Garza recomendó a la ciudadanía no aceptar ningún tipo de relación con la persona por la cual llaman, ya sea laboral o personal, ya que esto detona lo que se conoce como cobranza extrajudicial, la cual está prohibida cuando incurre en intimidación, amenazas o presión indebida.
El empresario también evidenció la falta de respuesta efectiva de las autoridades, al señalar que las denuncias electrónicas y los procesos ante la Profeco pueden tardar hasta 15 días, dejando a las víctimas sin protección inmediata frente al acoso.
Particularmente, criticó el actuar de la Policía Cibernética de Coahuila, al relatar que tras comunicarse directamente con Víctor Martínez, director general de esta corporación, la única recomendación que recibió fue cambiar de línea telefónica o esperar a que las llamadas cesaran.
"Una policía cibernética no puede limitarse a sugerir que cambies de número. Su responsabilidad es investigar el origen de las llamadas, asesorar a las víctimas y actuar contra el terrorismo telefónico", subrayó.
De la Garza explicó que, ante la falta de apoyo institucional, recurrió a una herramienta de inteligencia artificial, cuyas recomendaciones le permitieron resolver el problema en menos de 24 horas, lo que —dijo— deja en evidencia la necesidad de una reestructuración y profesionalización urgente de la Policía Cibernética en Coahuila.
