Argumentando afectaciones a su salud física y emocional, así como complicaciones económicas para mantener a su hijo y pagar tratamientos médicos, este viernes por la mañana el juez del caso resolvió modificar las medidas cautelares impuestas a Clara Yuvisela "N", imputada por el atropello de un menor de edad, ocurrido en mayo pasado.
Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares de la causa penal 457/2025, el defensor Jesús Javier Guerrero solicitó al juez el retiro del arraigo domiciliario impuesto a su representada desde el 21 de mayo, luego de que fuera vinculada a proceso por presuntamente haber arrollado a José Eduardo "N", menor de edad que en ese momento se encontraba grave en el hospital.
Cabe recordar que el día del accidente, la imputada abandonó el lugar de los hechos y ocultó la camioneta involucrada en su domicilio, cubriéndola con bolsas negras, lo que originó que el juez impusiera medidas estrictas: resguardo domiciliario con brazalete electrónico, ante el riesgo de fuga.
No obstante, la defensa argumentó que desde junio, Clara Yuvisela ha presentado problemas de salud que se han agudizado con el encierro. El 21 de junio, un fuerte dolor abdominal la inmovilizó, pero la Unidad de Medidas Cautelares no autorizó su traslado al hospital al no considerarlo una emergencia. Un médico acudió a su domicilio y sugirió estudios especializados ante la posible presencia de cálculos biliares.
El último episodio se presentó el 25 de agosto, cuando su hijo de 7 años llamó a una tía para avisarle que su madre estaba llorando de dolor, tirada en la cama.
Además, el abogado expuso que la imputada ya no cuenta con recursos económicos para enfrentar sus gastos: debe pagar la colegiatura de su hijo, que supera los 3 mil pesos mensuales, además de la mensualidad de la camioneta que aún está en crédito. Sus ahorros se han agotado, y actualmente depende del apoyo de su familia.
También destacó que no existen incidencias reportadas por la Unidad de Medidas Cautelares y que Clara ha intentado llegar a un acuerdo con los padres de la víctima, quienes se han negado a negociar. En una ocasión, la madre del joven expresó que quería que Clara llevara una cicatriz en la frente como la que dejó en su hijo.
El Ministerio Público se opuso a la modificación, señalando que las condiciones del caso no han variado y recordando la conducta de la imputada al huir y ocultar evidencia. Sugirió que los problemas económicos pueden resolverse cambiando al menor a una escuela pública y solicitando permisos médicos judiciales para atenderse.
Por su parte, la asesora jurídica Rosario Rocha de también se opuso, alegando que no se ha ofrecido una propuesta objetiva de reparación del daño y que la póliza de seguro mencionada no sustituye la responsabilidad directa de Clara.
El juez consideró que, aunque la conducta inicial de la imputada fue cuestionable, no se puede ignorar el impacto emocional y psicológico que ha tenido el encierro en su vida.
"Queda claro que una persona que hace su vida en encierro le causa afectación emocional", expresó, señalando que la enfermedad que padece Clara podría derivar en complicaciones serias como peritonitis.
En consecuencia, autorizó el retiro del resguardo domiciliario, permitiéndole a Clara continuar con el brazalete electrónico, pero con la condición de que en un plazo de 30 días notifique a la autoridad judicial que ya cuenta con un empleo formal para solventar sus gastos personales, médicos y los de su hijo.
Asimismo, se fijó una audiencia incidental solicitada por el Ministerio Público para el próximo 24 de septiembre a las 2:30 de la tarde, al existir un tercer obligado en el caso. Además, se concedió una ampliación de tres meses para la investigación complementaria, a solicitud de la asesoría de la víctima, ya que el joven aún no se ha recuperado por completo. El nuevo plazo vence el 25 de noviembre.
