Clarisa "N", una de las dos camareras imputadas por el presunto robo de 1.5 millones de pe-sos en un hotel de Monclova, denunció que fue sometida a tratos crueles y tortura por ele-mentos de la Fiscalía General del Estado. Según su testimonio, los agentes le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza mientras la obligaban a arrodillarse, presionándola para que confesara un delito que asegura no cometió.
"Me pusieron una bolsa en la cabeza y me arrodillaron. Pensé que me iban a matar. Me de-cían que me asfixiarían o golpearían si no decía que tenía el dinero o si no involucraba a mi compañera Hilda. Yo solo dije: estoy en las manos de Dios", relató Clarisa con voz tembloro-sa.
La joven señaló que no existía orden alguna para su detención y que fue subida a la camione-ta de los agentes sin ningún procedimiento legal. Permaneció más de media hora arrodillada con la bolsa en la cabeza, situación que asegura le dejó secuelas emocionales profundas.
Actualmente, Clarisa goza de libertad condicional con brazalete electrónico, pero asegura que vive con miedo constante. "Ya no puedo salir tranquila, me siento vigilada. Fui al Seguro y no dejaba de temblar. Quería que mi sobrino me acompañara porque temía que me volvieran a llevar. Me quitaron mi tranquilidad; eso fue lo que me robaron", afirmó.
Durante la audiencia de revisión de garantías en el Centro de Justicia Penal Acusatorio, la defensa de Clarisa denunció formalmente los presuntos actos de tortura como presión para obtener una declaración forzada. Tras escuchar el testimonio, el juez ordenó la activación del Protocolo de Estambul, herramienta internacional para documentar y evaluar casos de tortura y tratos inhumanos, y abrió una investigación formal contra los agentes implicados.
Mientras tanto, el proceso judicial por el presunto robo sigue su curso, pero el caso ahora también está bajo la atención de organismos de derechos humanos, que podrían intervenir para garantizar la protección de las garantías individuales de las imputadas.
