De cara al inicio del ciclo escolar 2025-2026, ha comenzado a circular en redes sociales la búsqueda de maestras sombra en Saltillo, cuya tarea radica en brindar atención individualizada de alumnos con discapacidad o necesidades educativas especiales.
Sin embargo, según testimonios encontrados, los sueldos que se ofrecen en la capital están lejos de corresponder al nivel de responsabilidad y preparación que se exige, pues estos rondan entre 2 mil 500 pesos quincenales y, en el mejor de los casos, hasta 2 mil pesos por semana, con jornadas que van desde las 7:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
Testimonios de maestras sombra difundidos en grupos coinciden en que el salario apenas alcanza para cubrir el transporte diario, y que el trabajo es altamente demandante tanto emocional como físicamente.
Una maestra sombra es una profesional especializada en inclusión educativa. Su función consiste en brindar acompañamiento personalizado dentro del aula a niños y niñas con condiciones como autismo, síndrome de Down, discapacidad motriz o intelectual, entre otras.
Aunque en teoría el sistema educativo básico público admite a estos estudiantes, en la práctica, las aulas sobrepasan los 35 alumnos por grupo, siendo esta una de las principales barreras para la inclusión educativa. Además, según testimonios de padres de familia, los docentes no siempre cuentan con la capacitación necesaria para atender adecuadamente casos que requieren atención especial, mientras que los Centros de Atención Múltiple (CAM) también resultan insuficientes para cubrir la demanda.
Por ello, muchas familias se ven obligadas a costear por su cuenta la contratación de una maestra sombra, a pesar de ya cargar con otros gastos derivados de la atención especializada que requiere su hijo o hija.
La falta de apoyo institucional para garantizar una educación verdaderamente inclusiva termina por trasladar la responsabilidad y el gasto a los hogares. En 2022, durante una sesión de la Cámara de Diputados, se expuso que el impacto económico que puede tener una discapacidad infantil en el entorno familiar puede alcanzar hasta 69 mil 500 dólares anuales, esto es más de un millón de pesos mexicanos, lo que representa una carga financiera significativa.
