Saltillo, Coahuila.- Modificar el Código Penal de Coahuila para endurecer las sanciones contra los anexos irregulares es una de las tareas pendientes para fortalecer la regulación de estos centros y garantizar la seguridad de las personas que reciben tratamiento por adicciones, señaló el diputado local del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Valdés Flores.
El legislador indicó que, aunque recientemente se avanzó con la aprobación de una nueva ley para regular los centros de rehabilitación en la entidad, todavía es necesario reforzar el marco legal para imponer penas más severas y multas más altas a quienes operen fuera de la normatividad o pongan en riesgo la integridad de los internos.
Valdés Flores reconoció el trabajo que han realizado de manera coordinada diversas dependencias estatales para supervisar estos espacios, sin embargo, advirtió que aún existen centros que incumplen con las disposiciones legales y que requieren una vigilancia constante por parte de las autoridades.
"Tenemos que seguir fortaleciendo la ley y también el Código Penal para que quienes cometan abusos o mantengan anexos irregulares enfrenten consecuencias más severas", expresó.
El diputado señaló que en Coahuila existen más de 300 anexos identificados, por lo que resulta indispensable mantener inspecciones periódicas para verificar que operen bajo condiciones adecuadas y respeten los derechos humanos de los usuarios.
Sus declaraciones surgen luego de los recientes casos denunciados en Monclova, donde dos mujeres que estuvieron internadas en un centro de rehabilitación femenil señalaron haber sufrido presuntos maltratos físicos y psicológicos. De acuerdo con reportes, las denunciantes relataron que eran sometidas a castigos, amarradas y mantenidas en condiciones de hacinamiento dentro del establecimiento, el cual posteriormente fue clausurado por autoridades estatales tras una investigación conjunta.
El caso se suma a otros hechos ocurridos recientemente en la Región Centro del estado que han encendido las alertas sobre la operación de algunos anexos.
Autoridades de Salud han reconocido que en Coahuila podrían existir más de 400 centros de rehabilitación, aunque únicamente alrededor de 240 forman parte del censo oficial, mientras que entre 20 y 30 operarían de manera clandestina o sin cumplir totalmente con la normatividad vigente.
Asimismo, el legislador insistió en la necesidad de aplicar con rigor la nueva legislación y fortalecer las sanciones para evitar abusos, negligencias o hechos que deriven en delitos graves dentro de estos espacios.
Jorge Valdés reiteró que el objetivo es garantizar que los centros de rehabilitación funcionen bajo estándares adecuados de atención, seguridad y respeto a los derechos humanos, evitando que se repitan situaciones que pongan en peligro la vida de quienes buscan recuperarse de alguna adicción.
