SABINAS, COAH.- A tres años del fatal accidente registrado el 6 de mayo sobre la carretera federal 57, en el tramo Rosita–Nueva Rosita, familiares de las víctimas alzaron nuevamente la voz para exigir que finalmente inicie el juicio programado para el próximo 28 de mayo, luego de múltiples retrasos y dilaciones que, aseguran, han prolongado el dolor y la incertidumbre.
Paola Berenice Alejo Rodríguez manifestó que durante este tiempo los deudos han recurrido a distintas instancias judiciales y gubernamentales en busca de justicia para las cuatro personas que perdieron la vida en el percance ocurrido a la altura del kilómetro 135. Señaló que las familias continúan enfrentando un proceso lento y desgastante, mientras el caso permanece sin una resolución definitiva.
Detalles del accidente
De acuerdo con la información expuesta por los afectados, el accidente ocurrió cuando un tráiler con doble remolque impactó el vehículo en el que viajaban las víctimas con destino a Piedras Negras. Presuntamente, una de las cajas de carga se desprendió y cayó sobre el automóvil, provocando la muerte de Leonor Rodríguez Álvarez, Angelita Cortés, el hijo de esta última de apenas ocho años de edad, así como su pareja sentimental. Los familiares sostienen que el operador circulaba a exceso de velocidad y que la unidad pesada presentaba condiciones mecánicas deficientes.
Proceso judicial y reclamos
El conductor identificado como Erick Jaciel enfrenta el proceso en libertad y únicamente porta un brazalete electrónico, mecanismo que, según denunciaron los familiares, habría sido violado en diversas ocasiones sin que hasta ahora existan consecuencias legales. Asimismo, indicaron que la unidad involucrada pertenece a una empresa transportista de Monclova, propiedad de Santisteva Trinidad Salas, mientras que la aseguradora HDI figura como responsable solidaria dentro del expediente judicial.
Ante la falta de avances, los deudos solicitaron la intervención del magistrado Felipe Mely Ayup, al considerar que su participación podría ser clave para evitar un nuevo diferimiento y garantizar el arranque del juicio oral.
Apoyo de autoridades
Las familias aseguraron que durante estos tres años también han buscado respaldo de autoridades estatales y federales, entre ellas el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la finalidad de que el caso sea atendido con seriedad y sin privilegios. Reiteraron que su única exigencia es que se aplique la ley y se garantice justicia para las cuatro víctimas mortales.
El juicio está previsto para el próximo 28 de mayo, fecha en la que los familiares esperan que por fin se desahoguen las pruebas y se determinen responsabilidades en uno de los accidentes más dolorosos registrados en la Región Carbonífera en los últimos años.
