SALTILLO, COAH.- Los grupos parlamentarios de la Alianza Coahuila, integrados por PRI, PAN y PRD, junto con la fracción parlamentaria "Evaristo Pérez Arreola" de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado para prohibir el nepotismo electoral y la reelección inmediata, reducir la integración de los ayuntamientos y establecer un techo presupuestal para el Congreso local.
La propuesta busca armonizar la legislación estatal con las reformas aprobadas a nivel federal en junio de 2025 y abril de 2026, además de fortalecer los principios de paridad de género, igualdad sustantiva, austeridad y transparencia en el ejercicio del poder público.
Uno de los principales cambios contempla impedir que una persona pueda contender por un cargo de elección popular cuando tenga o haya tenido, durante los tres años previos a la elección, vínculos de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco por consanguinidad, afinidad o parentesco civil con quien ocupe el cargo al que aspira.
La restricción aplicaría para la gubernatura, diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, con el objetivo de evitar la sucesión inmediata de cargos entre familiares y fortalecer la equidad en las contiendas electorales.
La iniciativa también establece la prohibición de la reelección inmediata para diputadas y diputados locales, así como para presidentes municipales, síndicos y regidores. De aprobarse, la medida entraría en vigor a partir de los procesos electorales de 2030.
Los promoventes argumentan que esta disposición retoma un principio histórico de la democracia mexicana al impedir la concentración o permanencia prolongada del poder político en una misma persona.
En materia de elegibilidad, la reforma plantea impedir el registro de candidaturas y nombramientos en cargos públicos a personas con sentencia firme por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, violencia familiar o violencia política contra las mujeres en razón de género, así como a quienes tengan la calidad de deudores alimentarios morosos mientras subsista esa condición.
Respecto a la paridad de género, se propone obligar a los partidos políticos a garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas al Congreso del Estado y a los ayuntamientos. Asimismo, faculta a las autoridades electorales para realizar ajustes en la asignación de diputaciones y regidurías de representación proporcional a fin de asegurar una integración paritaria.
La iniciativa también modifica la integración de los ayuntamientos al establecer que cada municipio será gobernado por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías.
Los municipios que actualmente cuentan con una integración menor conservarán su estructura vigente, mientras que aquellos que superen ese límite deberán ajustarse en la siguiente elección municipal.
Actualmente, municipios como Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, Acuña, Sabinas, Matamoros, Francisco I. Madero y Frontera cuentan con 17 regidurías.
La propuesta establece que los recursos derivados de la reducción de regidurías deberán permanecer en la hacienda municipal y destinarse exclusivamente a obras de infraestructura pública, bajo criterios de legalidad, honradez, transparencia y austeridad.
Otro de los cambios contempla fijar un límite al presupuesto anual del Congreso del Estado, el cual no podrá exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos estatal correspondiente a cada ejercicio fiscal.
De acuerdo con la iniciativa, la medida busca fortalecer la disciplina financiera, el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria, evitando excesos en la operación parlamentaria.
Finalmente, la iniciativa homologa la Constitución local con la federal para vincular la suspensión de derechos y prerrogativas ciudadanas a la condición de prófugo de la justicia, restricción que surtirá efectos desde la emisión de la orden de aprehensión y permanecerá vigente hasta que ésta quede sin efectos o prescriba la acción penal.
Los promoventes sostienen que la reforma permitirá fortalecer la democracia local mediante reglas más estrictas de acceso al poder público, mayor austeridad institucional, gobiernos municipales más eficientes y una representación más equitativa entre mujeres y hombres.
