Fiscalización de recursos en campañas

SALTILLO, COAH.- El fortalecimiento de la fiscalización de los recursos utilizados en las campañas, para impedir la entrada de dinero ilícito vinculado incluso con el crimen organizado, será clave para garantizar elecciones equitativas en 2027, afirmó Gilberto de Guzmán Bátiz García, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El funcionario señaló que las autoridades electorales deben contar con herramientas suficientes para verificar de dónde provienen los recursos destinados a las contiendas y cómo se utilizan, con el propósito de asegurar que el financiamiento se mantenga dentro de los límites legales.

Explicó que la inversión ciudadana en las instituciones electorales busca garantizar procesos transparentes, por lo que la fiscalización debe representar una barrera efectiva contra la incorporación de recursos de procedencia ilícita.

En materia de competencia política, consideró necesario avanzar hacia una legislación más precisa sobre los actos anticipados de campaña y la exposición pública de quienes buscan contender por cargos de elección popular. Aunque el Tribunal Electoral ya cuenta con criterios jurisdiccionales para resolver controversias relacionadas con estas prácticas, sostuvo que una regulación legislativa más clara ayudaría a reducir las especulaciones y establecer condiciones definidas para los participantes.

Bátiz García indicó que las actividades de los aspirantes deben evaluarse bajo el principio de equidad, de modo que las oportunidades permitidas a una fuerza política también estén al alcance de las demás en circunstancias similares. Añadió que debe mantenerse la supervisión sobre el origen del dinero empleado en esas acciones.

Asimismo, convocó a los actores políticos a actuar con responsabilidad ante la ciudadanía y conducirse con decoro durante sus aspiraciones a un cargo público.

Sobre los retos que implicará el próximo proceso electoral, el magistrado presidente aseguró que las instituciones cuentan con las capacidades técnicas, jurídicas y operativas necesarias para resolver las controversias que puedan surgir. Explicó que, si bien los procesos electorales tienen fechas formales de inicio, la actividad política se mantiene de manera permanente, lo que genera trabajo continuo para los órganos encargados de impartir justicia electoral.

"Hoy están dadas las circunstancias, vamos a operar una elección con las normas que ya tenemos, con las que ya operamos, y esto es totalmente funcional", expresó.

El magistrado sostuvo que el marco normativo vigente ha permitido desarrollar distintos procesos electorales y que las autoridades están preparadas para aplicar esas disposiciones en los comicios de 2027. Finalmente, destacó la necesidad de promover una mayor participación ciudadana y avanzar hacia calendarios electorales más compactos, con el objetivo de aprovechar mejor los recursos públicos y contener el incremento en los costos de organización de las elecciones.